EDITORIAL | La vuelta a la legalidad es la única vía posible en el conflicto catalán

Asiste atónito el país estos días a la farsa más grotesca jamás vivida antes en la vida política española. El esperpento protagonizado por el presidente de la Generalitat, hasta anteanoche una marioneta de los independentistas y antes y ahora la voz en off de la camarilla de actores de la que se rodea, acabó poniendo a Cataluña a un metro del precipicio y al resto de los españoles en el trance más angustioso que se recuerda desde el golpe de Estado del 23-F, similitudes aparte. La sesión parlamentaria del Parlament en la que primero declaró la independencia para de inmediato dejarla en suspenso y a continuación firmar un manifiesto que defiende la independencia como única hoja de ruta es sólo el enésimo burdo intento de confundir y engañar a la opinión pública con una —de nuevo tramposa— oferta de diálogo.

Puigdemont echaba con una mano el freno, quizá para intentar ponerse a cubierto de posibles consecuencias judiciales, mientras que con la otra firmaba un texto sin más valor que el simbólico y que no viene a ser más que una gratuita concesión a la decepcionada parroquia independentista para tapar su propia derrota.

En ese escenario, inimaginable por surrealista, la mejor noticia es que, por fin, Mariano Rajoy parece haberse desperezado después de once días de inacción desde el 1-O —un mes largo desde que el Parlament aprobase la ley de transitoriedad y la del referéndum— y que el Gobierno comenzase a actuar, ahora ya sí, con sentido de la oportunidad, inmediatez, inteligencia y proporcionalidad, que faltaron en otros momentos. El discurso serio y sosegado del presidente —paradójicamente utilizó el mismo término que Puigdemont: serenidad— fijando con firmeza plazos y condiciones para poner fin a este desenfreno, pero ya con una actitud más templada, parece haber sacado al país del estupor y la angustia provocados por la absoluta irresponsabilidad de los independentistas catalanes y su política chantajista.

Pese a la elusión del menor atisbo de autocrítica por parte de Rajoy y de algunos incendiarios que le regalan los oídos, es el momento de ponerse del lado del Gobierno. Lo hizo sin titubeos sobre todo el PSOE, pese al reproche por la actitud de los populares en relación con el Estatut luego tumbado por el Tribunal Constitucional, pero también Ciudadanos y sin duda la inmensa mayoría de la sociedad española. Porque más allá de la voluntad de diálogo, que nunca debió faltar por ambas partes, y al margen de las medidas que sea necesario adoptar hasta que haya unas nuevas elecciones, lo imperativo es el regreso a la legalidad poniendo en marcha el mecanismo constitucional que frene, de una vez por todas, el disparate secesionista. Los ciudadanos, incluidos los catalanes y sobre todo los que componen esa mayoría silenciosa, no pueden ser arrollados por unos irresponsables que pretenden imponer una independencia hoy por hoy imposible.