Caso Puigdemont
L o suyo es llevar la discordia y contagiar el caos por donde pisa. No le bastaba con exacerbar las luchas intestinas del Gobierno belga. Ahora le ha dado por abroncar a Europa. Un ex presidente de la Generalitat poco honorable, que hace turismo de conveniencia en Flandes como virgen ofendida por el Estado español. Dice sentirse victima de «un golpe de Estado ilegal». Como si hubiera golpes de Estado legales. Acaso lo piensa. Se entendería entonces que de ese modo intenta justificar el suyo. El que pretendía reventar el orden constitucional libremente elegido por el pueblo español. Incluido el catalán, cuyo respaldo fue superior a la media en el referéndum de 1978.
Ese orden jurídico-político, basado en valores de libertad, pluralidad, justicia, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos, es el que reconoce la UE como propio en uno de sus socios. Pero sí cabe hablar de cooperación judicial entre los países miembros, Y de eso trae causa la llamada orden de detención y entrega, que la Justicia belga está tramitando.
Ni se le pasa por la cabeza a Puigdemont, o quiere hacerlo creer, que Bélgica, socio fundacional de lo que hoy llamamos Unión Europea, no osará ponerle a disposición de la Justicia española, que lo reclama por presuntos delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia. Supondría, según él, entregarlo a un Estado represivo, que le persigue por sus ideas y garantiza un juicio justo.
«¿Es ésta la Europa que quieren?», se preguntaba públicamente el martes pasado, interpelando a sus dirigentes, empezando por el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker. «¿Una Europa que mete en la cárcel a un Gobierno democrático?», continuaba. Y era tan directo en su diatriba, que puede haber agotado la paciencia de unos dirigentes cansados de apelar al cumplimiento de la ley y hartos de negar que Cataluña esté oprimida o que Madrid haya violado el Estado de Derecho. Tomemos nota de una declaración del ex primer ministro francés, Manuel Valls, de origen catalán, que nos dijo en la radio: «No se entendería que Bélgica rechazase la entrega de Puigdemont a España». Tiene razón. Y se entendería menos después de haber regañado en público a las autoridades europeas porque, según él, no han reparado en que «Rajoy se ha convertido en el guardián de la tumba de Franco». Lo cual me hace insistir en que Puigdemont debió haber contratado a un psiquiatra y no a un abogado. Es un caso clínico.