EDITORIAL: Guerra competencial que exige solución

El foro de diputaciones que se ha constituido en Castilla y León, promovido desde Burgos, para reclamar un marco estable en las llamadas competencias impropias debe entenderse desde la necesidad de que exista una relación duradera entre las instituciones. En Burgos, como ocurre en León y en tantas otras provincias, fueron las diputaciones las que históricamente crearon o fueron haciéndose cargo de los centros de atención social, en muchos casos promovidos inicialmente desde cajas de ahorro. Durante años existió un pulso sobre cómo debía reformularse la situación de esos establecimientos por sus elevados costes —sólo en León suponen un gasto de 18 millones de euros al año—. Y la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la Reforma Local, fijó que las competencias asistenciales y sociales corresponden a las autonomías. Se estableció una moratoria pero el tiempo ha transcurrido sin que se den pasos para crear un marco eficaz. Parece que cada vez es más urgente el acabar con esa ‘guerra’ dotando de la financiación necesaria a la atención social ya sea directamente o apoyando a las diputaciones.