EDITORIAL | Una equiparación justa que debería estudiarse para otros sectores
La polémica actuación de los mandos de los Mossos d’Esquadra tras el atentado terrorista de la Rambla de Barcelona y durante el llamado ‘proces’ que desembocó en el referéndum del 1 de octubre generó un debate en la sociedad sobre las diferencias salariales de las policías. En el territorio nacional es precisamente la policía autonómica catalana la mejor pagada, una circunstancia tiene difícil encaje porque por un criterio de justicia lo lógico es que a iguales funciones existan remuneraciones equiparables. En las últimas semanas se han barajado fórmulas para ir limitando esa discriminación que sufren los policías nacionales y los guardias civiles con respecto a los cuerpos autonómicos, y también con los agentes urbanos y municipales.
El Gobierno quiere abrir un proceso hacia la equiparación que afectará en la provincia a casi 1.200 componentes de la benemérita y otros 500 del Cuerpo Superior de Policía. Se cifra en unos diez millones de euros el dinero que llegaría a mayores a León cuando se cierre esa igualación de las retribuciones.
Pero a la luz de este asunto cabe otro debate, que quizá sería importante que se afrontase. Las desigualdades no se limitan a las policías. También se dan en otros trabajadores públicos en función del nivel de ‘poder’ que han tenido sus comunidades a la hora de captar fondos del Estado para financiarse. El sistema autonómico fue ideado para que la administración fue más eficaz en todos los territorios y hacia todos los ciudadanos. Pero sí genera injusticias debe pensarse que algo está fallando.
