La bicefalia catalana
L a mayoría de Esquerra Republicana y una parte más o menos relevante de JxCat son ostensiblemente partidarios de normalizar Cataluña, una vez constatado que el Estado, cuyas fuerzas se habían minusvalorado, ha hecho valer de forma irremisible el principio de legalidad, actitud que mantendrá hasta las últimas consecuencias. Lo dijo (sin necesidad imperiosa porque nadie le apremiaba) el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent: su disposición consiste en coser los jirones en que se había descompuesto Cataluña desde que a principios de septiembre la cámara catalana emitió unas normas manifiestamente ilegales que condujeron a la intentona del primero de octubre que a su vez desembocó en una confusa proclamación de independencia.
En otras palabras: un sector del nacionalismo ha desistido ya de forzar la legalidad porque tal deriva no sólo conduce a la melancolía sino que tiene consecuencias penales que un puñado de personas imprudentes experimenta ya en carne propia. Se plegará, pues, a la Constitución y a las leyes, aunque siga pensando lo mismo y manteniendo idénticas aspiraciones, como hacen todos los días muchos demócratas que luchan en los países de nuestro ámbito por cambiar las leyes vigentes, a veces con éxito, a veces sin él, pero siempre sin violencia y sin vulnerar la ley. Es la grandeza de la democracia.
Sucede sin embargo que el problema más urgente, aunque obviamente secundario, del nacionalismo estriba en la necesidad de dar una salida digna a Puigdemont. Lo que sucederá después es fácil de imaginar. Puigdemont, ninguneado en Europa y por supuesto en Bélgica, mantenido materialmente por sus adeptos más enfervorizados —ya se ocupará la Hacienda española de asegurarse de que no se produce malversación en el futuro—, tratará de marcar las pautas políticas de las instituciones catalanas. Pero entre Barcelona y Bruselas hay más de mil kilómetros en línea recta, más de 1.300 por carretera, las visitas irán espaciándose. Y el presidente efectivo será, después de todo, quien tenga la llave de los presupuestos y la firma en el Boletín Oficial de la Generalitat.
¿Alguien cree que en esta cotidianidad frenética en que estamos sumergidos todos puede alguien gobernar un negocio a larga distancia y con el único imperio de la autoridad moral? Además, poco a poco el nacionalismo irá interiorizando la gravedad de lo ocurrido. Hay quien cree todavía que la aplicación del artículo del 155 CE y la apertura de un amplio proceso judicial en el Tribunal Supremo que ya alcanza incluso a sus inspiradores (Santi Vidal y Carles Viver también están imputados) son elementos de una pesadilla que desaparecerá en cuanto retorne la normalidad y el 155 regrese a su alacena jurídica. Y no es así. El proceso seguirá su curso, hasta desembocar en largas inhabilitaciones y quién sabe si en dilatadas penas de prisión.