EDITORIAL | No todo el agua se puede medir con el mismo rasero

Los pueblos de la montaña, aquellos en los que siguen perviviendo los usos tradicionales como la agricultura y la ganadería, no deben ser los pagadores de la falta de agua y de las políticas que, vistas las orejas al lobo, se quieren aplicar ahora desde las administraciones sin tener en cuenta las singularidades de algunas explotaciones agrarias. A priori resulta lógico —y lo más pertinente dadas las circunstancias— que las comunidades de regantes asuman los costes del agua que consumen y se controle dicho consumo, pero en este tipo de cuestiones no se debe aplicar tabla rasa ni tomar decisiones que a largo plazo pueden suponer un grave perjuicio para zonas ya duramente castigadas. Hablamos de explotaciones con un consumo de agua escaso, que no se benefician de las macro infraestructuras de costes millonarios para llevar el agua a sus parcelas y que son las garantes de la supervivencia de las comarcas en las que se asientan. Muchas de ellas están ubicadas en las inmediaciones de los pantanos, contribuyen a mantener los ecosistemas locales y no nadan precisamente en la abundancia puesto que son explotaciones de bajo rendimiento. Generalmente, además, estas pequeñas comunidades de regantes ni siquiera agotan el agua que cada año se les asigna y que en tiempos precarios aprovechan otros cultivadores. Es de sentido común pues que se apliquen fórmulas flexibles e incluso exenciones en casos como estos que aportan a su entorno mucho más de lo que reciben.