Los enemigos de Cataluña

« Escribe algo de Cataluña, porque estamos desorientados por tantos políticos sin sentido común», me escribe un compañero, quien, con otros dos condiscípulos cursamos el bachillerato, en el instituto Padre Isla de León. Se trata de tres magníficos profesionales: dos ingenieros y un geólogo que ejercieron su profesión durante más de 30 años en distintas poblaciones de Cataluña. Mi gratitud anticipada por acordarse desde Cataluña de un provinciano más. Procuraré cumplir el encargo según mi leal saber y entender. Tomo nota del primer dato recibido: «Políticos con sentido común». He ahí el famoso seny de los catalanes que se comportan con racionalidad al margen de los sectarios secesionistas. Hablemos claro desde el principio: la comunidad autónoma de Cataluña, como otras de la España plural y diversa, no conllevan la soberanía. Porque autonomía no equivale a soberanía, como sostiene reiteradamente el Tribunal Constitucional. Porque «la soberanía, según la vigente constitución reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1.2.). Además, la propia «Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, sin olvidar la solidaridad entre todas ellas (art. 2º.). En consecuencia la Comunidad de Cataluña, como la de Castilla y León y restantes, son entidades derivadas de la Carta Magna. En este sentido, dentro de los términos de la Constitución, los estatutos constituyen la «norma institucional básica de la comunidad», y por otra parte el Estado las reconoce y ampara como parte integrante del ordenamiento jurídico; es decir garantiza el autogobierno con arreglo al cuadro de atribuciones y competencias definidas, donde no cabe la irracionalidad ni la arbitrariedad. Tiene razón el jurista leonés Isidoro Álvarez Sacristán cuando afirma que «sin la razón de Estado no es posible razonar ni el territorio, ni la ciudadanía, ni la tierra en que nos asentamos. Porque defendiendo el Estado se está amparando a su población y territorio, pero lo más importante —puntualiza— se cumple la racionalidad de la Ley» (Diario de León 21.1.2018). Y no se quebranta la soberanía nacional.

Los secesionistas para dar «apariencia democrática» pretendieron retorcer las normas del estatuto, atribuyendo unas competencias inexistentes sobra la base de una ficticia «soberanía parlamentaria». Una decisión irracional ilegal que chocaba, como señalamos, con la soberanía nacional. Los secesionistas: (convergentes, republicanos y comunistas) actuaron contra el «sentido común», pero sobre todo contra la vigente Constitución, y el mismo Estatuto de Cataluña. En este sentido, aprobaron, con la ausencia de los partidos constitucionalistas, entre otras normas: Ley de Referéndum, Ley de Transitoriedad jurídica, y Acta de Independencia (DUI), de forma unilateral: resolución que fue votada por 62 representantes, y posteriormente con la firma estampada de cada uno de los mismos. Ahora, según los testimonios de ciertos dirigentes independentistas fue una «declaración simbólica». Vivir para creer y dudar de unos nacionalistas secesionistas. Como respuesta lógica actuó el Gobierno con recursos ante el Tribunal Constitucional para que las resoluciones fuesen anuladas por su evidente ilegalidad. Objetivo parar el pretendido «golpe de Estado» o el mismo acto de subversión de la realidad constitucional. Posteriormente se puso en marcha, como es notorio, el art. 155 de la Constitución para defender y amparar el interés general de España y sus ciudadanos, ya que la comunidad autónoma no cumplía las obligaciones que la Constitución y otras leyes imponen para su desarrollo. Como se observa, el Estado o la Nación tiene el deber de garantizar la convivencia social y democrática. Y, los ciudadanos y otras entidades (estatales, autonómicas o locales) estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En efecto, sin poner en duda «las peculiaridades regionales» «hechos diferenciales», «personalidad histórica» u otras características de la identidad autonómica: banderas o himnos. Ahora bien, esos conceptos, tradiciones o antecedentes históricos no conllevan el «derecho a la autodeterminación» y mucho menos a la independencia, con la ruptura de España. Porque la historia de las naciones: los de aquí como los de allí la hacemos todos, porque somos parte de la historia.

Como es de dominio público, la comunidad catalana fue suspendida durante tres meses por el Gobierno, en virtud del citado artículo 155. Y con la finalidad concreta de normalizar la situación excepcional provocada por la Generalidad y el parlamento de Cataluña (ejecutivo y legislativo), convocó, unas elecciones autonómicas el 21 de octubre de 2017 con el siguiente resultado: ganó las elecciones Ciudadanos, pero la coalición nacionalista-republicana-comunista (JXC, ERC, CUP) obtuvo mayoría parlamentaria. Se constituyó el nuevo Parlament, pero quedó bloqueado al instante por disensiones y objetivos de los independentistas: investiduras estrambóticas de un expresidente huido de la justicia, reparto de consejerías y otros aspectos que indican el nulo respeto por los electores y las instituciones. Otro asunto doloroso del proceso secesionista ha originado muchos quebrantos: fractura social y familiar por un adoctrinamiento totalitario que ha enfrentado a las gentes nacidas y no nacidas en Cataluña. Y seguimos sumando: déficit alarmante de las finanzas de la Generalidad; salida de Cataluña más de tres mil empresas. Y si se prolonga la inestabilidad, seguirá aumentando la huida de inversiones, empresas e industrias con su razón social a otras autonomías con estabilidad.

En conclusión, el nuevo gobierno de la Generalidad, según mi opinión, para ser viable debe de estar inspirado en la concordia, racionalidad, y sobre todo en el «sentido común». La ensoñación de la independencia, y la República Catalana, constituye un sueño perverso, espurio, y engañoso que llevaría consigo todo tipo de perjuicios para el entrañable pueblo de Cataluña. Quizá sea este el pensamiento fraudulento de los secesionistas: que actúan como enemigos de la propia Cataluña. El que suscribe defenderá, ahora y siempre, una España solidaria.