Carrera por llegar primero a ninguna parte

L a repercusión de las movilizaciones que los pensionistas han llevado a la calle, y que amenazan con intensificarse, ha puesto sobre la mesa política la falta real de iniciativas que aborden el fondo del asunto, que no es otro que la viabilidad del sistema. Y, con ello, el compromiso con el mantenimiento de un sistema del bienestar que se asienta en tres patas fundamentales: la educación, la sanidad y el propio sistema de pensiones. En las últimas semanas, parece que en un ataque de locura, aparecen análisis, propuestas y soluciones a cada cual más ocurrente y salvadora, tanto desde la política como de los sindicatos, incluso de los sesudos tertulianos. Lo único claro, al fin, es que digan lo que digan si al sistema no se le da la vuelta como un calcetín no tiene solución ni viabilidad económica.

La solución es política, porque la decisión es el modelo de Estado que queremos. Si optamos por un modelo de solidaridad, justicia social, igualdad y redistribución, es necesario exigir a los gobiernos y poderes púbicos, como reconoce la Constitución, la garantía y viabilidad de los pilares fundamentales. A través de una política social y económica que se soporte en los Presupuestos Generales del Estado, que tienen que recurrir a un porcentaje del PIB para asegurar la financiación del conjunto y un reparto individual adecuado.

En este punto, no hay que confundir la pensión con el sistema público de pensiones. Primero es necesario buscar la viabilidad del sistema, y después analizar cada pensión, ayuda, prestación, subsidio, renta, etc. de manera individual. Porque no puede darse el mismo tratamiento a una pensión mínima o de 600 euros que a una máxima, de 2.580 euros o más. Tampoco puede estar todo basado en las cotizaciones, el tiempo cotizado o las aportaciones individuales. El hacer valer el ‘yo he cotizado’ es la máxima expresión de la falta de solidaridad; y el principal enemigo de la movilización en favor de la búsqueda de una solución para el sistema es precisamente fomentar la desigualdad.

La Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar, «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas», la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad; complementada con servicios sociales de salud, vivienda, cultura y ocio. Pero no señala que las pensiones tengan que ser necesariamente contributivas y autofinanciadas, Ni que tengan que ser una prolongación del salario, o un derecho individual que se base en el «yo he cotizado». Es importante no hacernos trampas ni engañarnos con el ‘he cotizado’.

Porque la realidad es que el sistema sigue hoy basado en la solidaridad intergeneracional. Hoy, cuando las condiciones laborales y salariales de muchos jóvenes y no tan jóvenes son precarias, lo que en realidad pone en duda qué generación es solidaria con cuál. En la situación actual es imprescindible encontrar una solución que contemple la situación de los jóvenes, y que les garantice que, cuando lleguen a la edad de jubilación, puedan tener al menos una pensión mínima garantizada y suficiente. Que no tiene que estar necesariamente ligada a su carrera de cotización, ya que de ser así muchos de ellos entrarían en la categoría de ‘no contributiva’.

Los últimos años han puesto en evidencia, gracias a la recesión económica, que tanto las pensiones como los salarios son presa de situaciones de desigualdad. Habría que preguntarse quién provocó la crisis, y quién la está pagando. No fuimos ni los pensionistas ni los trabajadores, ni los salarios ni las pensiones.

Aunque es necesario recordar que a partir de 2004 la referencia para las prestaciones de todo tipo pasó a ser el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem),en lugar del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un indicador que ha estado congelado en 532,51 euros desde 2010 hasta 2018, y que se aplica en un 80% (426 euros) para muchas de las prestaciones en vigor en los últimos años.

En fin, la viabilidad del sistema de pensiones sólo podrá considerarse resuelta el día en que los poderes públicos garanticen que dentro de 30 años nuestros hijos, al cumplir la edad legal de jubilación, puedan disponer de una pensión pública mínima y suficiente (que a día de hoy no podrá ser de menos de 1.000 euros) que se revalorice en función de criterios que no estén únicamente ligados a la carrera de cotización. Y este objetivo debería incluirse en los programas políticos de quienes aspiren a gobernar con el objetivo de recuperar la senda del Estado del Bienestar, basado en los pilares de educación, salud, pensiones y servicios sociales.

Por otro lado habría que recordar que el pensionista, por el mero hecho de ser mayor, no puede ser considerado de una forma diferenciada del resto de los ciudadanos. Ni en negativo ni en positivo. Es necesario analizar su situación personal, sus recursos y patrimonio, para evitar agravios comparativos (innecesarios e injustos), que van contra los criterios de solidaridad. Con crisis o sin crisis los pensionistas no tienen por qué ser el soporte de la unidad familiar, para eso están los poderes públicos. Pero también debe contribuir a la sociedad en igualdad con los demás. La solidaridad tiene que afectar a los pensionistas en los dos sentidos.