Debate de una solución para los delitos muy graves sin trampas ni espectáculos
El único reo al que se ha aplicado en España la prisión permanente revisable está en la cárcel de Villahierro porque mató a sus dos hijas con una radial como venganza contra su pareja. Se trata de un delito excepcional, como los que en principio se incluyeron en la polémica ley aprobada hace apenas dos años. En estos momentos se prevé para crímenes contra menores de 16 años o personas vulnerables, si incluye ataque sexual, en asesinatos múltiples, en los de organizaciones criminales o por matar a personas de la familia real y a mandatarios extranjeros.
Son unos supuestos limitados que generan una división evidente tanto entre los partidos políticos como en la sociedad. El reto del cumplimiento íntegro de las penas ha sido una asignatura pendiente en España, porque incluso se ha visto agravado con episodios como la derogación, por parte de Europa, de la llamada doctrina Parot. La puesta en la calle de un buen número de auténticos ‘depredadores’ ha puesto en claro que el deseo de reinserción, algo incuestionable en cualquier Democracia, no debe empujarnos a un buenismo que deje indefensa a la sociedad ante esas personas —muy pocas— que suponen una amenazada para todos, ante la que la sociedad está obligada a tomar medidas preventivas. En el contexto del Viejo Continente existe de manera generalizada una cadena perpetua que cuenta con el aval de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En España, quizá por el carácter apasionado de sus ciudadanos y por su escasa tradición democrática, se arrastra un serio problema a la hora de debatir asuntos como este. Existen temas que precisan un análisis sosegado, totalmente preservado de intereses partidistas y buscando un ejercicio de honestidad en el que se elimine cualquier intento de hacer demagogia.
Una legislatura tan convulsa como la que se vive en el Parlamento no parece la más oportuna para debatir la prisión permanente revisable. El PP, desde el Gobierno, ha querido sacar rédito al plantear una ampliación a más supuestos —asesinatos con elementos químicos o incendiarios, secuestros que terminen en muerte y no colaborar en la búsqueda del cadáver— para obligar a los otros partidos a posicionarse. Y la oposición —en especial el PSOE— actúa con ese objetivo perenne de exhibir que los populares están aislados, olvidándose del fondo de los temas.
La muerte del pequeño Gabriel ha añadido si cabe un punto más de tensión al asunto. Pero lo cierto es que España debe legislar, con el mayor consenso posible, fórmulas eficaces para sacar de la calle a quienes suponen un peligro. Quizá este no sea el momento, con la carrera electoral en marcha y con el ‘circo’ activado entre todos.