La ley lastre

Hace ahora seis años que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, instó al Gobierno español a derogar la Ley de Amnistía de 1977, considerada por sus defensores como uno de los pilares de la Transición y base de la reconciliación nacional, y por sus detractores como el mayor obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la impunidad sobre la que se ha construido el nuevo periodo democrático después de cuatro décadas de dictadura. «España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos», declaró en Ginebra un portavoz de la alta comisionada. Era febrero de 2012 y el representante de Pillay resumía en un frase contundente la recomendación de dieciocho expertos de la ONU que se basaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por nuestro país en 1985: «España debe derogar su Ley de Amnistía puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos».

Esta semana, el PP, el PSOE y Ciudadanos han tumbado la tramitación de una proposición de ley que pretendía modificar un artículo de la Ley de Amnistía de 1977 con un párrafo nuevo para evitar que siga siendo un obstáculo para la justicia: «Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos».

Parece razonable. Pero el PP ha vuelto a repetir que los delitos están prescritos. Ciudadanos argumenta que la reforma socava una de las bases sobre las que se edificó la Transición. Y el PSOE afirma que pone en peligro la seguridad jurídica.

Pero los delitos de lesa humanidad no prescriben, la seguridad jurídica no se sostiene sobre la impunidad, y la Transición es un edificio muy frágil precisamente porque dejó sin amparo a las víctimas y nunca se ocupó de buscar a los desaparecidos. Y así no hay pilar que no se convierta en un lastre.