El reverso de Puigdemont

Aparentemente, el hecho de que la saga/fuga de Puigdemont haya tropezado con la Justicia alemana es una grata noticia para el Gobierno de Mariano Rajoy, caído en desgracia ante buena parte de su electorado precisamente por su falta de contundencia contra los impulsores del desafío soberanista catalán. Por ahí se le ha abierto la vía de agua aprovechada por Ciudadanos, gran beneficiario del sentimiento patriótico que el procés ha exhacerbado en media Cataluña y tres cuartas partes del resto de España.

Pero por debajo de de la espuma de la noticia, el tropezón del expresident ‘exiliado’ conlleva una seria contrariedad para el Gobierno del PP: Su pretensión de disponer este año de nuevos Presupuestos Generales del Estado vuelve a evaporarse, y puede que definitivamente. Sabido es que levantar el artículo 155 que rige en Cataluña constituye condición sine qua non para que el PNV facilite su aprobación. Y tras la caída de Puigdemont y la nueva cuerda de dirigentes indepentistas enviada a prisión por el juez Llaneras, hay 155 para rato. Ergo el proyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros quedará varado en su tramitación parlamentaria.

Rajoy necesitaba imperiosamente aprobar los nuevos Presupuestos para salvar la crítica situación que atraviesa su gobierno y ganar tiempo a la espera de que decaiga el efecto Arrimadas y el despegue de Ciudadanos no amenace la hegemonía del PP entre el electorado conservador. Pero de momento tendrá que apañárselas manteniendo prorrogadas las cuentas del año anterior, que no fueron precisamente como para tirar cohetes.

Los estragos causados por la carencia de Presupuestos del Estado son muy diversos y algunos afectan muy seriamente a las comunidades autónomas. Los efectos para la Junta de Castilla y León pueden ser demoledores. Para empezar, presentó y consiguió aprobar unos Presupuestos de la Comunidad contando con un incremento de las entregas a cuenta por parte del Estado cifrado en 387 millones de euros, cuantía que en ningún momento ha garantizado el ministerio de Montoro. Y para seguir, se esfuma nuevamente esa revisión del modelo de financiación autonómica con la que Castilla y León aspira a enjugar el «déficit estructural» de 400 millones anuales originado por la insuficiente aportación estatal para financiar los servicios esenciales (Sanidad, Educación, Dependencia, etc.)

Precisamente, ayer la consejera de Hacienda desveló que la Junta cerró el ejercicio de 2017 con un déficit general de 591 millones, lo que equivale a un 0,95 por ciento del PIB que supera ampliamente el límite del 0,6 fijado previamente de común acuerdo. Y menos mal que presumíamos de ser una Comunidad cumplidora...