Urge implicarse en el futuro de las juntas vecinales

Las juntas vecinales, esas unidades administrativas históricas que son baluarte en León, vuelven a enfrentarse a una encrucijada que pone en jaque su futuro si las cosas no se hacen bien. Los secretarios de las entidades locales menores, puestos que hasta el momento asumían los propios vecinos, deberán ser a partir de ahora funcionarios del Estado o de la corporación municipal a la que pertenezca el pueblo, siempre que tengan carrera universitaria. Sin su implicación no hay acuerdos, contratos o adjudicaciones. El desarrollo de la Ley Montoro que propicia esta circunstancia clarifica cómo debe ser la gestión de estas pedanías y las pone en este aspecto al mismo nivel que un ayuntamiento en cuestiones administrativas. Es un paso más para regularizar el funcionamiento de nuestras juntas vecinales pero sin la implicación de otras administraciones, especialmente de la Junta de Castilla y León, desde donde se deberían articular soluciones para León y el resto de provincias implicadas, la parálisis puede ser el día a día en la gestión de los pueblos. Aún está pendiente por parte de la administración autonómica la regulación de la figura de los secretarios municipales y su papel en la gestión de estas entidades locales menores. También desde la Diputación es necesario realizar un esfuerzo para reforzar el servicio de apoyo a los secretarios, que ya no se pueden negar a atender las necesidades de las pedanías. El decreto que entró en vigor en marzo traerá cola pues el problema que hasta ahora se ha esquivado ya está aquí y es necesario afrontarlo.