Legislatura fallida
E sta legislatura era una oportunidad de oro para que el Gobierno, los partidos políticos y los grupos parlamentarios recuperaran la confianza de los ciudadanos. La fragilidad parlamentaria obligaba a buscar acuerdos para aprobar las leyes que necesita España en asuntos fundamentales y lograr así acuerdos con futuro. Es decir, aprobar normas con voluntad de durar, que no se carga un Gobierno cuando gana las elecciones, casi siempre porque son del otro. Pero la oposición ha hecho propuestas que sólo buscaban derribar lo levantado por el PP y éste ha encontrado una argucia legal en el veto que le permite la Constitución si las iniciativas de la oposición suponen un aumento en el gasto o en los ingresos del Presupuesto.
Este resquicio lo acaba de cerrar el Tribunal Constitucional que ha puesto límites a esa barra libre del Gobierno. Tendrá que ser más estricto y justificar más y mejor cómo afecta cualquier iniciativa legal a los Presupuestos. ¿Cambiará eso el juego de poderes? Es dudoso, porque la oposición intentará seguir tratando de cargarse lo que aprobó el gobierno del PP y éste alargará los trámites sin apenas límites.
Lo único claro es que ésta va a ser una legislatura fallida, un «ni quiero ni puedo», un fracaso de la política y de los partidos. Los dos últimos años han sido en los que menos normas se han aprobado desde 1970. Los que quedan hasta el final de la legislatura van a ser peores, salvo sorpresas. Y eso, teniendo en cuenta que hablamos de producción normativa y que la mayor parte de normas son reales decretos que no necesitan aprobación parlamentaria. En 2016 el Parlamento solo aprobó 13 leyes y en 2017, dos. Aunque el Plan Anual del Gobierno prevé que en 2018 se aprueben 9 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 240 reales decretos, sólo éstos tienen posibilidades de prosperar. El resto deberá esperar, seguramente mucho, aunque gobierno y oposición están de acuerdo en que son textos legales muy importantes. Están de acuerdo, pero no se van a poner de acuerdo por intereses partidistas o electorales. Y cuanto más nos acerquemos a las elecciones, peor.
Sin embargo, en ese Parlamento que no se pone de acuerdo en nada, hay 41 comisiones de estudio o investigación en marcha, más otras 4 nuevas que se constituyeron esta semana y 11 subcomisiones y ponencias, con reuniones que duran entre cuatro y seis horas, que hacen que en ocasiones no haya salas donde reunirse, y que nos cuestan 500.000 euros al mes, más de cinco millones al año en dietas y demás. ¿Saben una cosa? Casi nunca sirven para nada porque todos acuden a ellas con las conclusiones escritas. Lo que buscan no son acuerdos o respuestas sino un titular en los periódicos. Como decía Ludolfo Paramio hace unos días, «el mundo ha cambiado y los políticos no saben qué hacer». O tal vez sí: se entretienen en marear la perdiz.