Moción de censura
C onfieso que me ha sorprendido la presentación de una moción de censura socialista contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su condición de líder de un partido desprestigiado por un inacabable rosario de casos de corrupción. El último episodio, a modo de sobredosis de recuerdo, ha sido la dureza de las penas a los implicados en la corrupción. La sorpresa no viene tanto porque el líder del PP no merezca el reproche (Sánchez le acusa de ser el máximo responsable, por su persistente mirada distraída sobre el «lodazal» de su propio partido) sino por la reciente caracterización del líder socialista como «hombre de Estado» que marchaba del brazo del Gobierno frente los retos del separatismo catalán.
No tendría sentido que ahora su candidatura saliera adelante para formar un Gobierno monocolor socialista con los votos de los separatistas implicados en el golpe al Estado, un minuto después de sindicarse con Rajoy en reafirmar la vigencia del 155 por la persistencia del desafío al Estado.
Pero eso podría ocurrir si los 17 diputados nacionalistas catalanes (8 de PDeCat y 9 de ERC), encantados de hacer la vida imposible al Gobierno, apoyaran la candidatura de Sánchez en el venidero debate sobre la moción de censura. Algo que siempre había rechazado Sánchez, aunque en esta ocasión da por buenos esos votos independentistas, según aclaró en su comparecencia pública de este viernes.
Tiene muy difícil acomodo mental la hipótesis de un Sánchez catapultado a la Moncloa con los votos nacionalistas catalanes y vascos, sumados a los de Podemos.
Tiempo habrá de jugar con todas las combinaciones matemáticas. De momento, nos quedamos con la argumentación socialista que justifica la presentación de la moción de censura. Según Sánchez, se trata de recuperar la normalidad institucional, alterada por los inacabables casos de corrupción vinculados al PP.
En todo esto están también las otras dos fuerzas políticas de ámbito nacional. Podemos ya venía reclamando a los socialistas este paso que acaba de dar. Y Ciudadanos había valorado la sentencia del caso Gürtel como un punto de inflexión, pues ya se pone al PP en el centro de un sistema organizado para favorecer toda clase de malas prácticas en el ejercicio de la vida pública.