EDITORIAL | La supresión del peaje de la A-66 une la exigencia de León y Asturias
La supresión del peaje en la AP-66, la autopista por la que diariamente transitan alrededor de nueve mil vehículos entre León y Asturias, es un asunto de permanente actualidad, de reiterados debates y de alta exigencia política y social, sobre todo desde el otro lado del túnel de El Negrón. La planteó Rodríguez Zapatero en su campaña electoral de 2004, pero luego el elevado coste frustró la operación. En esa misma línea, aunque con las reticencias —o el rechazo— del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se pronunció recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su nuevo subdelegado en León. La oportunidad es histórica y el argumento, defendido con unanimidad y fuerza por los partidos políticos asturianos, es fácilmente defendible ahora que se plantean otros rescates y desde el Gobierno y la oposición se pretende que no se prorroguen las concesiones de explotación que expiren hasta el año 2021. La medida afectaría a tres vías de pago: la AP-1 Burgos-Armiñón, el próximo 30 de noviembre, y la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el 31 de diciembre de 2019. La A-76 hubiera estado en ese esa situación si en el año 1999 el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, no hubiera ampliado la concesión a Aucalsa hasta 2050 bajo la excusa de reducir los costes para los usuarios.
El problema es que la concesionaria prevé ingresar más de tres mil millones de euros hasta el final del plazo de explotación y, hoy por hoy, asumir ese lucro cesante no es fácil para las arcas públicas del Estado. No es fácil pero sí posible. El precedente está en el rescate de las deficitarias radiales de Madrid y se hace. Y ese del agravio territorial es siempre un argumento de un peso extraordinario.
Aucalsa deberá afrontar antes del 31 de diciembre de 2019 una inversión de 80 millones de euros en cumplimiento de una normativa europea sobre seguridad en los túneles y eso ha abierto una nueva disputa con Fomento, al que exige nuevas compensaciones, como bonificaciones fiscales, ampliación del contrato y/o subida del peaje, justamente en un momento en el que se alza el clamor en favor del rescate. Prorrogar este coste del pasado —13,45 euros es el precio ordinario del peaje— es un enorme agravio para estas dos provincias, un lastre para la economía y la competitividad y una injusta condenando a los usuarios frente a los beneficios para los de otros territorios del país.