Aberraciones políticas

D esde la llegada de democracia a España, los políticos han cometido muchos errores, siendo algunos de ellos auténticas aberraciones. En los últimos años algunos políticos de los partidos más importantes están proponiendo la ejecución de dos proposiciones que no dudo en calificar como aberraciones: la eliminación de muchos ayuntamientos y la eliminación de todas las diputaciones.

Los políticos siempre dicen que la creación de las autonomías tenía como meta principal el acercamiento de las administraciones a los ciudadanos y la igualdad entre todas las regiones. La realidad es que la llegada de las autonomías ha traído lo contrario, algo que la mayoría de los ciudadanos lo admiten claramente. Que las desigualdades entre las diversas regiones son mayores que nunca es tan evidente que nadie lo discute y, si los políticos llevan a la práctica sus ideas, los ciudadanos estaremos mucho peor atendidos como luego veremos, pero antes veamos el origen de los ayuntamientos y diputaciones.

Los ayuntamientos son los órganos administrativos más antiguos de España. Su origen se remonta a los tiempos del Imperio Romano. Después de la invasión de España por los musulmanes, se empezó a organizar en el siglo IX en el Reino de Oviedo y luego, en el siglo X, en el Reino de León, los llamados concejos abiertos. Era dirigido por un líder elegido democráticamente por los ciudadanos. El concejo abierto organizaba y dirigía la administración de los pueblos. Del concejo nacieron ya en el siglo XII los ayuntamientos de una forma oficial. Las diputaciones tienen su origen en la Constitución del año 1812 y fueron creadas por decreto el 23 de mayo. Fueron confirmadas a partir de la creación de las provincias en 1833 conforme a los territorios de los antiguos reinos españoles. Las provincias fueron creadas como un poder intermedio entre los municipios y el Estado. Para una mejor administración de la provincia fueron creadas dos instituciones: el gobierno civil y la diputación provincial

La razón que esgrimen los políticos para eliminar una parte de los ayuntamientos rurales y las diputaciones provinciales es el aumento de asalariados que cobran de los Presupuestos Generales del Estado, que se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia y que ha motivado un aumento espectacular del gasto público por lo que el déficit del Estado está alcanzando límites de auténtica quiebra. Que algunos partidos políticos culpen a los ayuntamientos rurales del aumento de empleados del Estado demuestra que esos partidos no tienen ni idea de política estatal, o peor aún, que lo saben, pero no les importa. En primer lugar, los ayuntamientos rurales son los organismos del Estado más cercanos a los ciudadanos, yo diría que los únicos, son los organismos que mejor conocen los problemas de su municipio y las soluciones necesarias para eliminar los problemas. En muchos ayuntamientos rurales ni el alcalde, o alcaldesa tiene un sueldo fijo y donde lo tienen es un sueldo casi simbólico, el resto de concejales sólo cobran un fijo por asistir a comisiones de trabajo o a plenos municipales. En los pueblos que conozco esos ingresos son casi simbólicos. Por otra parte, en los ayuntamientos rurales no existen prácticamente enchufados, familiares o amiguetes del partido, más bien, es lo contrario, faltan empleados.

He visto con mis ojos a algún alcalde subido a una escalera cambiando unas bombillas fundidas de la calle por otras nuevas. En cambio en las ciudades grandes y en algunas medianas, los alcaldes y resto de concejales gozan de magníficos sueldos, superando en muchos casos el sueldo del presidente del Gobierno y, en algunos casos, hasta duplicarlo. Asimismo son los grandes ayuntamientos donde ha aumentado espectacularmente el número de empleados políticos, muchos de ellos con sueldos espectaculares. La solución a estos problemas es en teoría muy fácil: crear una ley que regule los sueldos de los políticos en proporción a la población y tamaño de su municipio, prohibiendo que en ningún caso nadie pueda cobrar ni más ni igual que el presidente del Gobierno. Crear una ley que regule el número de funcionarios y otros asalariados necesarios para el funcionamiento del municipio como si de una empresa privada se tratara. Exactamente para las autonomías, evitando siempre duplicidad de organismos.

Uno de los grandes fallos que han traído las autonomías ha sido la enorme despoblación del interior de España. Hay algunas provincias, exceptuando la capital, que están en cifras de población de los siglos XVII y XVIII y bajando inexorablemente año tras año. En la provincia de León se encuentran datos escandalosos, hay cientos de pueblos que han perdido hasta el 80% de su población. Hay municipios con hasta 20 poblaciones y entre las 20 no llegan a los 1.000 habitantes. Hay cientos de pueblos donde hace diez años que no nace un niño. Es fácil predecir que en menos de 20 años estarán completamente vacíos de seres humanos.

Eliminar ayuntamientos del mundo rural es muy grave. Eliminar las diputaciones es gravísimo. La principal labor de la diputación es ejercer las funciones de ayuntamiento provincial. Es evidente que la mayoría de los ayuntamientos leoneses, y de otras provincias del centro peninsular, no tienen recursos para hacer frente a los servicios más necesarios de sus ciudadanos. Querer que todos los servicios sociales sean ejercidos por el gobierno autonómico es una aberración política. La política desarrollada en esta autonomía ha conseguido la mayor despoblación de la historia de casi todas las provincias.

Castilla y León es más grande que Portugal y con una población cuatro veces inferior a la portuguesa. Esta autonomía es un 50% mayor que Bélgica, Holanda y Luxemburgo juntos, pero la población es el 15% de esos países. Eliminar ayuntamientos y diputaciones es la sentencia de muerte de Castilla y León y también de otras autonomías de una manera irreversible a corto plazo.