Con agostidad
R econozcámoslo: todos los meses de agosto —incluso, a veces, ya en julio— todos los gobiernos han aprovechado la agostidad para, con alevosía, urdir manejos de esos que a veces, por las vacaciones, nos pillan algo desprevenidos a los periodistas y a la opinión pública y publicada. Recuerdo, por citar un solo ejemplo entre miles posibles, aquella modificación, pactada entre el Gobierno Zapatero y la oposición Rajoy, hace siete años, para modificar un artículo, el 135, de la Constitución. Ahora se repite la historia.
Lo de hacerle un regate al Senado para mermar la capacidad de veto del PP en una Cámara Alta con mayoría de populares ha sido solamente uno de los ejemplos de esas auto-trampas que un Gobierno se hace. Las que se hace, digo en concreto, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, ignorante de que estas armas las carga el diablo y, allí donde habías tramado en una conversación ‘reservada’ con Pablo Iglesias que harías un decreto-ley para ‘saltarte’ el veto popular en el Senado en la modificación de la senda de déficit, acabas resignándote a tener que tramitarlo parlamentariamente. Porque de pronto te das cuenta de que otra cosa habría sido el gran escándalo de septiembre, al regreso de la ociosidad vacacional.
Que no digo yo que este absurdo driblaje, que le ha costado al Gobierno tener que escuchar de labios de Pablo Casado que se está saltando todas las normas básicas de Montesquieu en aquello de la separación de poderes, haya sido el único patinazo político en este agosto que, a mi entender, está siendo nefasto desde muchos puntos de vista. De la acogida fraternal a los desafortunados del Aquarius pasamos a la expulsión ‘en caliente’ de más de un centenar de inmigrantes. Del sugerido impuesto a la Banca pasamos al olvido de esta promesa. En el espinoso tema catalán, hemos logrado la ruptura entre los constitucionalistas, al exigir PP y, sobre todo, Ciudadanos, el retorno al empleo del artículo 155 de la Constitución para frenar los excesos —de momento solo verbales, es cierto— de Quim Torra.
Tampoco digo que sea el Ejecutivo de Sánchez el solo culpable de tanta inseguridad jurídica. Pero los gobernantes, a todos los niveles, tendrían que aplicarse a fondo para recuperar la credibilidad de la ciudadanía. No estoy seguro de que abriendo La Moncloa a la curiosidad de los visitantes que se quieran ase vaya a solucionar tan añeja desconfianza ‘en los que mandan’.