Indultos a la catalana
E n su estrategia de buenismo, de ser «empáticos» —un palabro está muy de moda— con quienes han perpetrado un golpe de Estado en Cataluña, el Gobierno de Sánchez ha empezado a dejar caer la posibilidad de conceder indultos a los políticos catalanes que hace un año llevaron a cabo ese golpe de Estado, en el supuesto que sean condenados por el Tribunal Supremo. Hace unos días habló de esa posibilidad la delegado del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente de ejecutivo, preguntado sobre esa cuestión en Canadá, prefirió no pronunciarse sobre esa posible medida, cosa lógica cuando todavía está pendiente el juicio. Otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Calvo o el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se han mostrado partidarios de aliviar, es decir de que salgan a la calle, los políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.
Tal despliegue de gestos hacia el independentismo catalán por parte del Gobierno se inscribe en la estrategia política de Sánchez sobre Cataluña. Mantiene el presidente del ejecutivo que a un problema de naturaleza política hay que darle una solución también política. Eso estaría muy bien, si una de las partes, en este caso el independentismo catalán, se aviniera a una cosa que el Estado exige a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, sexo o religión: cumplir la ley. Porque los políticos catalanes que están en prisión y pendientes de juicio lo están precisamente porque en ejercicio de su cargo se saltaron el marco legal en su intento de proclamar la República Independiente de Cataluña. Otros, como Puigdemont o algunos de sus consejeros, optaron por huir de la justicia y vivir en Países como Bélgica o Irlanda.
Es bastante chocante que desde el poder ejecutivo se hable de la posibilidad de conceder indultos, cuando el juicio todavía no se ha celebrado. Es una forma bastante burda de intentar influir, de crear un clima de opinión que les haga más complicado a los jueces del Supremo emitir, si es el caso, una sentencia condenatoria. Lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es una clara e intolerable intromisión en la labor y en las funciones del poder judicial.
Más temprano que tarde, y en cualquier caso en un plazo no superior a los veinte meses, los ciudadanos serán llamados a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso y de Senado. Lo que este Gobierno haga o deje de hacer con los que perpetraron un golpe a la democracia en Cataluña va a ser muy determinante para muchos ciudadanos a la hora de depositar su voto. Existe un hastío importante al ver que quien debería velar por cumplir y hacer cumplir la ley —algo, insisto, que se exige a todos los ciudadanos— adopta una postura tibia, pacata, con quienes en Cataluña se la saltaron sin ningún recato. Si eso les sale gratis, eso será una mala noticia para nuestro sistema democrático.