El que venga detrás que arree

Sorprendía el conformismo, por no decir indolente pasotismo, de la oposición ante el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León de su obligación legal de presentar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2019. Llegado el plazo establecido, 15 de octubre, el presidente Juan Vicente Herrera justificó esa flagrante omisión, alegando que, al no haberse tramitado aún los Presupuestos Generales del Estado, la Junta no disponía de datos fiables (limite de déficit, entregas a cuenta, etc.) para elaborar con rigor unas nuevas cuentas de la comunidad.

Únicamente Ciudadanos expresó su discrepancia con esa actitud del gobierno Herrera, que, coincidiendo con año electoral, priva al partido naranja del rédito político a obtener a cambio de su habitual apoyo al proyecto presupuestario de la Junta. Y desde entonces han transcurrido semanas sin que nadie echara en falta los nuevos Presupuestos de la Junta, ni reparara en las negativas consecuencias que ello acarrea.

Ha tenido que alertar sobre una de esas consecuencias el consejero de Educación, Fernando Rey, para que de repente haya saltado la alarma. Rey ha advertido de que, si no hay nuevos Presupuestos de la Junta y se opta por prorrogar los actuales, no podrá cumplirse el compromiso de rebajar el próximo año las tasas universitarias (hoy todavía entre las más caras de España) hasta situarlas en el nivel medio del conjunto de las universidades españolas. Y ha sido cuando el PSOE se ha visto forzado a salir a la palestra y exigir al presidente Herrera que presente sin más dilación las cuentas de la Comunidad autónoma para 2019.

Lo cierto es que las excusas esgrimidas por Herrera para no hacerlo no se sostienen, ya que, de lo contrario, otras comunidades, entre ellas Galicia, no hubieran elaborado sus correspondientes Presupuestos. De ahí que quepa sospechar que el actual gobierno autonómico, que entrará en funciones a primeros de abril, carece en realidad de motivación política —y lo que es más sorprendente, también electoral— para esforzarse en un Presupuesto que apenas va a poder ejecutar. (La gélida relación entre el gobierno Herrera y el PP de Fernández Mañueco explicaría ese desinterés electoral).

Lo lamentable es que, tasas universitarias aparte, los perjuicios de una prórroga presupuestaria son múltiples y cuantiosos. Por citar alguno, quedan sin programar nuevas inversiones para 2019 y, a decir del secretario regional de UGT, no se podrá avanzar en el plan de empleo concertado en el Diálogo Social. Como tampoco se podrán implementar medidas reales contra la despoblación (seguimos a la cola en el acceso a internet) ni se cumplirá el mandato legal de recuperar el Plan de Convergencia Interior que tendría que estar paliando los crecientes desequilibrios internos territoriales. Conclusión, el que venga detrás que arree…