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PEDRO VICENTE
León

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Analizado, estadísticas en mano, el galopante declive económico y demográfico de León, cabe preguntarse por qué se ha tardado tanto en salir a la calle para clamar ante una decadencia que no ha irrumpido de la noche a la mañana. Provincias mucho menos dinámicas como Soria o Zamora, llevan décadas luchando contra su olvido institucional, bien es verdad que con escasos resultados: La plataforma Soria ¡Ya! sigue reclamando hoy las mismas infraestructuras que en 2001 y Zamora está a punto contabilizar mayor número de pensionistas que de trabajadores en activo.

El verdadero drama es que no hay respuesta, ni siquiera acto de contrición, por parte de las administraciones. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, no ha tardado 24 horas en cargarle todas las responsabilidades al actual Gobierno central, que, al margen del juicio que merezcan sus acciones y omisiones, ni siquiera ha cumplido seis meses de vida. Y la delegada de dicho Gobierno, Virginia Barcones, que se viene caracterizando por una gestión proactiva, ha guardado un absoluto silencio tras la movilización ciudadana del pasado jueves.

La realidad es que ambas administraciones son corresponsables por igual del deterioro social y económico que aqueja a la mayor parte de esta Comunidad autónoma y especialmente a toda su franja oeste. PP y PSOE, que se han ido sucediendo en La Moncloa, no tienen nada que reprocharse. Y la Junta, con gobierno monocolor desde 1991, no puede llamarse andana ni pretender justificarse con el argumento de que León es la provincia receptora de mayor volumen de inversión del Presupuesto autonómico.

De poco sirve la inyección de recursos públicos si estos no actúan sobre los agentes causantes de la enfermedad, en cuyo caso, en lugar de inversión, podemos estar hablando de ineptitud y/o despilfarro. No cabe mayor ejemplo de ello que los multimillonarios fondos dilapidados durante décadas en la fallida «reindustrialización» de las comarcas mineras. Casi treinta años después, se echa el cierre al carbón sin que esa ingente riada de dinero apenas se haya traducido en empleo alternativo.

No puede haber respuesta pública inmediata a un SOS como el lanzado por León, sencillamente porque no hay soluciones mágicas a problemas estructurales que se han ido convirtiendo en endémicos. Y menos por parte de un gobierno autonómico agonizante que no encuentra mejores alternativas a la despoblación rural que su contraproducente apuesta por macrogranjas ganaderas o proyectos mineros depredadores que, en las antípodas del deseable desarrollo sostenible, acabarán por agravar el problema demográfico.

Basta repasar las reivindicaciones que el presidente de la Junta piensa trasladar la próxima semana a La Moncloa —básicamente las mismas ignoradas por el gobierno de Mariano Rajoy— para concluir que estamos atrapados en el ‘día de la marmota’.