Todo lo que no sean criterios técnicos en la obra pública resulta inaceptable

El anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de que realizará ahora un estudio de viabilidad sobre las balsas del Órbigo resulta, como mínimo, sorprendente. A estas alturas del proceso, con todos los estudios técnicos completados e incluso con la declaración de impacto ambiental concluida, parece que alguien intenta colar un elemento distorsionador en el proceso. El propio Gobierno central avalaba recientemente los miniembalses en una respuesta parlamentaria y esta misma semana fueron reclamados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en La Moncloa, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Pero ayer la Confederación y la Delegación del Gobierno en Castilla y León se reunían con quienes se oponen al proyecto y parece que la derivada política empieza a tenerse en cuenta. El compromiso, ante los alcaldes de la zona y la plataforma contraria, sobre que se realizará ahora un estudio de viabilidad puede interpretarse como una fórmula para salvar las próximas elecciones de mayo sin tener que dar pasos que generarían costes en las urnas. En este asunto hay dos posturas totalmente contrarias. Una, la de los regantes y otra, la de los vecinos de la zona de la presas. Con un mínimo de apuesta por el bien común la solución es fácil. Que los estudios técnicos, que se han realizado y se han pagado por todos, sirvan para decidir. Seguir gastando con fines poco claros no sería legítimo a estas alturas. En política hay momentos para tomar decisiones. Tras años de marear el asunto no caben más dilaciones.