EDITORIAL | Resarcimiento y dignidad

Las víctimas de la talidomida se enfrentan a una semana decisiva en el duro camino que está suponiendo cerrar este doloroso capítulo de la historia sanitaria española. Los damnificados se enfrentan ahora, después de haber sufrido el proceso de los reconocimientos médicos, al ‘examen’ del Ministerio de Hacienda para decidir si deben entregar prácticamente la mitad de las indemnizaciones que reciban a las arcas estatales. La situación es inusual, puesto que la propuesta del actual Gobierno de someter al IRPF las compensaciones es inédita ya que hasta el momento ninguna víctima resarcida por el Estado ha tenido que tributar. La indignación entre los afectados es comprensible. Mañana tienen una cita con la Secretaría de Estado cuando ni siquiera se ha reunido aún el Comité de Expertos que debe decidir si son o no oficialmente víctimas. Puede que el tesoro sufra con el desembolso previsto que, por cierto, parece no va a llegar nunca, pero no se entiende que el Estado regatee con un colectivo que sufrirá el resto de sus vidas la incompetencia de quienes debían velar por ellos.