Dinero vinculado por los estatutos

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León también fija las inversiones que debería realizar el Estado en infraestructuras en la Comunidad, usando como criterio la superficie y el desequilibrio territorial de ser una de las zonas más desfavorecidas de España. Este tipo de referencia, que se incluyó en la última reforma del Estatuto, también está presente junto a Cataluña en otras comunidades con normas de ‘última generación’ como Andalucía o Valencia. De esa manera, los Presupuestos Generales del Estado —ayer fueron aprobados por el Gobierno los de 2019— deberían atender en sus inversiones a Castilla y León no sólo, con carácter prioritario, la superficie del territorio de la Comunidad, sino incorporar criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más desfavorecidas, como recoge en su articulado el Estatuto de Autonomía. Si Castilla y León vincula la inversión en infraestructuras por parte del Estado en la superficie del territorio y el equilibrio territorial, Cataluña se fija en su Producto Interior Bruto —18 por ciento del total estatal—, mientras que Valencia y Andalucía acuden al equivalente a su peso poblacional.