Regularización a vista de pájaro
La utilización de drones en los últimos años ha sido una de las principales herramientas de la Agencia Tributaria para sacar a la luz construcciones y reformas que hasta ahora se escapaban del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Junto con la intensificación del resto de las inspecciones realizadas, la campaña ha supuesto sólo en cuatro años que casi 77.500 inmuebles se hayan dado de alta en toda la provincia, y por tanto contribuyan a las arcas públicas como deben.
La capacidad de detección de estas irregularidades ha supuesto también un impulso para desincentivar la realización de obras al margen de las exigencias legales, lo que hasta hace poco era bastante habitual, en mayor medida en las casas de los pueblos y fincas rurales.
La eficiencia en la gestión de los recursos públicos es una exigencia siempre, máxime en momentos como el actual, con graves déficits que se trasladan a recortes en servicios esenciales. La detección de grandes bolsas de fraude se ha revelado como una de las mejores (y más justas) formas de contribuir a que en estas arcas se ingrese lo que corresponde.