EDITORIAL | Ajustado a la vulnerabibilidad
En ocasiones medidas bienintencionadas pueden tener como consecuencia abusos que es necesario corregir. Es lo que ha ocurrido con el bono social eléctrico, que en la normativa que entró en vigor en octubre ha conseguido depurar el listado de beneficiarios para ajustarlo a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Una realidad que sólo ha conseguido demostrar una de cada tres familias que en la provincia han venido beneficiándose en los últimos años de esta medida, pactada en su día para poner remedio a los casos severos de pobreza energética.
La normativa ha dejado margen para la picaresca, y el 72% de los hasta ahora beneficiarios han resultado no entrar en los criterios de necesidad para los que se creó la medida. Una iniciativa de la que se beneficiaban sólo en León 26.500 hogares cuya situación económica teóricamente no entraba realmente en los criterios de pobreza energética.
Otro asunto son las trabas burocráticas que en estos meses se han denunciado para acceder al nuevo modelo de descuento en la factura eléctrica. Muchas solicitudes se han rechazado por fallos menores en los procedimientos o en la gran cantidad de documentación solicitada. De nuevo son los colectivos más vulnerables los que se convierten en víctimas de métodos de tramitación incomprensiblemente complejos e inflexibles. Personas mayores y con especiales dificultades para enfrentarse al muro insalvable de la burocracia y, en ocasiones, de la insensibilidad funcionarial para echar una mano y evitar que el papeleo sea la causa de la injusticia.