EDITORIAL | Una ley educativa sin garantías de diálogo no convence
El Estado se enfrenta a la octava reforma educativa de la democracia sin visos de consenso y muy lejos del debate productivo tan necesario para consolidar un modelo educativo firme, sin fisuras y permanente en este país. A nadie se le escapa que abordar un proceso de estas características debe trascender la ideología del partido gobernante de turno y, sin embargo, esta es la cuestión clave que pivota tras cada paso que se da, aunque en la vanguardia siempre se esgriman el interés por mejorar los resultados escolares y la calidad del sistema. Presentado por la ministra Isabel Celaá el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, la comunidad educativa leonesa tiene claros los puntos clave que no se pueden obviar en este proceso. Diálogo y financiación son dos apuestas irrenunciables para sacar adelante un pacto educativo que pueda sostenerse en el tiempo con las garantías suficientes de pervivencia y solvencia. En ello coinciden representantes de la escuela pública y de la concertada que, como es de esperar, disienten en la carga ideológica del proyecto legislativo, especialmente en el peso de la asingatura de Religión. Lo más preocupante es que se aborde un nuevo cambio estructural en la educación y que ya en esta fase de tramitación todas las partes tengan la sensación de que la supuesta unanimidad buscada desde el Ejecutivo es ficticia. Con estas sombras tan alargadas y en una legislatura tan vulnerable, la nueva ley educativa no nace con buenas referencias.
