Crisis territorial: El papel del proceso autonómico

C iertamente, las únicas normas de la Constitución con consecuencias políticas relevantes —por todos bien conocidas— son dos disposiciones relativas a la territorialidad, puesto que, normativamente hablando, la Carta Magna pudo haber dado lugar a que los españoles hoy pudiésemos gozar tanto de un Estado unitario centralizado como de otro unitario descentralizado, federal o confederal, incluido el autonómico que finalmente resultó. Y es que la España territorial que hoy tenemos, jurídico-políticamente hablando, no tiene nada que ver con la Constitución, sino con el desarrollo estatutario, es decir, con la partitocracia. Concretando, el carajal territorial que hoy soportamos se debe a quienes pactaron los estatutos de autonomía; pero, sobre todo, en lo que a los leoneses concierne, a la reforma de 2007.

Efectivamente, si el proceso autonómico comenzó mal con las excepcionalidades contempladas en la Constitución, dando privilegios a los pueblos vasco, navarro, catalán y gallego, el asunto no mejoraría cuando el pueblo andaluz (no contemplado en ninguna excepcionalidad constitucional) demandó igualdad de trato. Como todo el mundo recordará, a la UCD y al PSOE no les importó saltarse la Constitución para aprobar el Referéndum andaluz de Iniciativa autonómica, de 28 de febrero de 1980, que debería permitir a este pueblo acceder a la Autonomía en igualdad de condiciones que catalanes y gallegos. Ambos partidos cocinaron dos Leyes Orgánicas -la LO 12/1980, concebida ad hoc para sustituir al Art. 151 de la Constitución «corrigiendo» la LO 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, y dotarla, de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª, de un carácter de retroactividad, y la LO 13/1980, creada fraudulentamente para sustituir la iniciativa establecida por el Art. 143.2- y las aprobaron apresuradamente el 16 de diciembre de 1980, ignorando que el Art. 151.1 de la Constitución deja bien claro que la iniciativa autonómica no podía ratificarse de manera parcial.

Fue así como el pacto político se impuso no solo al derecho, sino también a la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas, privando a la provincia de Almería de otras opciones de autogobierno. Y así fue también el comienzo del célebre «café para todos», que tanto ofendió a vascos y catalanes, y que todavía hoy muchos socialistas y algunos populares consideran el origen de todos los males territoriales que padecemos.

Pero no es verdad, el origen de los males que arrastra la crisis territorial no reside en el «café para todos», sino en una Constitución incapaz de ordenar normativamente el proceso autonómico, dejando en manos de los partidos estatales el chantaje competencial y en las de los partidos nacionalistas una capacidad negociadora con consecuencias no solo para sus territorios, que sería legítimo, sino para todo el Estado, merced a una Ley electoral concebida para que así pudiera suceder, verdadera razón por la que los nacionalistas catalanes renunciaron en su día al concierto económico que hoy desearían tener y, a los demás, nos hubiera ahorrado el procés. Quienes digan que eso era imposible de sostener, es que aún no han echado las cuentas de lo que costó en el pasado la gobernabilidad y de lo que va a costar encarrilar el procés.

El origen de la crisis territorial no está en que unos pueblos recurran a una legitimidad histórica basada en los derechos históricos que les da la DAP, constitucionales por tanto, y otros apelen a la propia Historia para fundamentar jurídicamente su legitimad, como han hecho, entre otros, aragoneses y valencianos, para introducir el derecho propio, primer paso para lograr aquellos de los que vascos y navarros creen disponer, los derechos originarios (derechos madre, los llamo yo) de los que podrán emanar todos los que en su día, de acuerdo con la Agenda, les parezca oportuno establecer —conflicto político mediante—, ya sea de autodeterminación (el eufemístico derecho a decidir) o de independencia. O la patética imitación que de los de Aragón, Baleares y Valencia hizo el Estatuto de Castilla y León, pretendiendo introducir en una supuesta ancestral «Comunidad histórica» llamada Castilla y León un derecho consuetudinario que, obviamente, nunca han tratado de rescatar, por su falta de coherencia interna dentro de una no menos incoherente Comunidad. La historia, que los racionalistas-normativos reprocharon a la DAP, inundó preámbulos, artículos y disposiciones estatutarias. Y si alguien cree que a estas reformas estatutarias no sucederán otras, implantando nuevos derechos en idéntica dirección, es que no sabe de qué va esta vaina.

Pero donde verdaderamente radica el origen de los males territoriales es en la falta de un modelo territorial para España por parte de todos los partidos estatales, los que han gobernado y los que aspiran a hacerlo. Y si ellos no saben hacia dónde caminar ni qué camino escoger, por qué se echan las manos a la cabeza cuando cada pueblo tira por el lado que más le conviene, olvidándose de ese pueblo que, merced a la señalada incompetencia, cada día es más difícil de reconocer, aunque todos formemos parte de él. Porque hablar hoy con propiedad del «pueblo español» y sus derechos, es decir, sin por ello negar que todos y cada uno de los pueblos de España también tienen los suyos, es un discurso que esos políticos han resuelto eludir, entregando al partido que acaba de emerger la peor concepción de esa realidad, merced a la ignorancia e intransigencia que les impide ver que, en España, además del pueblo español, existen los pueblos leonés, castellano, gallego, vasco, catalán, andaluz … Cada uno con su historia y personalidad, todos con unos derechos que no se pueden obviar.

Si los partidos actuales somos incapaces de crear un verdadero Derecho de los pueblos y de positivizarlo en una nueva Constitución, la crisis territorial que todos los españoles padecemos y que leoneses, castellanos, gallegos, vascos, catalanes, andaluces … -aunque de modo bien distinto cada uno- todos sufrimos, nos llevará, a todos y cada uno, es decir, a España entera, no solo a la irrelevancia internacional y a la extrema debilidad como Estado, sino también a tener que abordarla como históricamente los gobernantes españoles han venido haciendo: poniendo dinero para aplacar las iras de aquellos que disponen de verdadera capacidad de generar conflictos políticos; cuanto más graves, más beneficiosos a la larga, siempre en detrimento del resto; leoneses y castellanos a la cabeza, incapaces de generar no ya conflicto político alguno, sino de exigir siquiera la más justa de las reivindicaciones, como es el derecho al Autogobierno del que gozan los demás pueblos de España.

Estas son las políticas que llevan a la confrontación entre pueblos; al procés; a la catalanofobia; a la negación de lo castellano y de lo leonés; al eso que te dan a ti me lo quitan a mí; al no hay nada que no se arregle con dinero; al yo tengo más historia que tú; al yo soy nación y tú no; al aquí no hay nada que cambiar; al si no te gusta esta sacrosanta Constitución, es porque no eres constitucionalista ni por tanto español …

Nueva Democracia, además de un nuevo modelo social para el pueblo español (la Sociedad de la Educación como estado transitorio para lograr la Sociedad del Conocimiento), pone sobre la mesa un modelo territorial válido para España y aceptable para todos y cada uno de los pueblos de España, basado en el federalismo de escala. Ambos tendrán defectos, y, sin duda, son susceptibles de mejora, pero es mucho más de que el resto de los partidos está ofreciendo.