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PANORAMA FERMÍN BOCOS
León

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U n gobierno que cuando hay un problema se lava las manos y no se siente concernido cuando se producen alteraciones del orden público y miles de ciudadanos tienen que soportar las actuaciones violentas de un colectivo profesional, es cuestionable que pueda seguir gobernado el país. Pero está pasando. Lo estamos viendo a raíz del pulso violento que han planteado los taxistas de Madrid y Barcelona reclamando poco menos que la liquidación de las VTC.

Los taxistas tenían sus razones, pero las arruinando al recurrir a la violencia. Piquetes impidiendo la entrada a Fitur (un escaparate mundial para el turismo español) o cortes de autovías o en el caso de Barcelona agresiones directas a alguno de los vehículos de las empresas Uber o Cabify. José Luis Abalos, ministro de Fomento, optó por quitarse la responsabilidad de gobernar endosando el problema a las comunidades autónomas. Y éstas, a su vez, han contribuido al empantanamiento en el que se encuentra el conflicto legislando de manera dispar y antagónica.

Mientras en Madrid el gobierno regional (PP) no cede a las exigencias de los taxistas, en Cataluña la «Generalitat» impone un tiempo de demora de una hora en la contratación de los servicios de los VTC, norma que hace inviable la continuidad de este tipo de transporte de viajeros que se basa en la rapidez del servicio que se contrata telemáticamente.

El resultado es el que conocemos: desconcierto. Más si cabe en el caso de Madrid porque el ayuntamiento que preside Manuela Carmena (que tiene ganas de repetir) está de parte de los taxistas, con lo cual ya tenemos el cóctel político ideal en el que cada uno tira por su lado sin mirar ni medir las consecuencias. Que en el orden político están a la vista de todos. El Gobierno Sánchez sobrevuela por encima de los problemas reales de la gente. Ayer, cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, daba lecciones a Mariano Rajoy para que se sometiera al control del Parlamento y no cediera a la tentación de decreto ley.

Hoy, echando cuentas, sabemos que en los siete meses que lleva en La Moncloa ha recurrido en veinticuatro ocasiones a este procedimiento cuya principal característica es —o debería ser— la excepcionalidad. Vista la inconsistencia del actual Ejecutivo, lo más sensato es que cuanto antes se celebren elecciones. El ciudadano Sánchez debería atreverse a pasar por las urnas.