Inadmisible falta de transparencia

Las relaciones entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central en relación a las inversiones mineras se enquistan en distintos frentes. El más grave, de momento, la negativa del Instituto del Carbón a hacer frente a los pagos adelantados por la Comunidad para llevar a cabo las infraestructuras en las cuencas, rompiendo el principio de confianza entre las administraciones, además de otras cuestiones que tendrán que decidir los órganos judiciales.

A esta batalla se suma el reparto de los fondos para infraestructuras (133 millones de euros) que corresponden al Marco de Actuación 2013-2018, lo que ya dice bastante sobre la diligencia del órgano estatal para hacer frente a los compromisos alcanzados, y reiteradamente incumplidos, con las cuencas. A pesar de las promesas anteriores, en la práctica parece que León y, en menor medida Palencia, van a quedar relegadas frente a otras autonomías mineras en el reparto. Son las provincias más afectadas por la debacle del fin del carbón, pero Asturias sigue llevándose la mayor tajada de las ayudas estatales. Lo ha revelado el Principado, porque el instituto guarda silencio. Una falta de transparencia sospechosa y frente a la que hay que exigir cuentas.