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EL MIRADOR RAFAEL TORRES
León

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L os de Vox no sólo han llegado a creerse su nombre, sino que aspiran a ponerse un apellido más apócrifo si cabe para completarlo: La voz del pueblo español. Con el nombre, Vox, voz, van a actuar como acusadores populares (otro dislate conceptual, al tratarse de un partido sin representación parlamentaria ninguna) en el juicio que se sigue en el Supremo contra doce de los cabecillas de la intentona secesionista en Cataluña, y con el apellido, bruñido tal vez por el inefable Ortega Smith, van a distorsionar un acto jurídico tan delicado como de enorme trascendencia, pues el pueblo español se representa en el Ministerio Fiscal, en la Abogacía del Estado y en los magistrados que componen el Tribunal.

Esta figura de la Acusación Popular, que faculta a cualquier ciudadano o ente jurídico a personarse activamente en una causa penal, corriente en los sistemas garantistas de nuestro entorno, ha dado buenos resultados en numerosas ocasiones, sobre todo en aquellas relativas al pillaje político, pero en tantas otras los resultados han sido catastróficos. Basta recordar la industria delincuencial que con esa figura creó Manos Limpias, o el caso de la expulsión del Partido Popular del juicio de la Gürtel cuando, constituido en Acusación Popular, se dedicaba, en realidad, a torpedear el proceso. Lo de Vox en el juicio al ‘procés’ arrogándose la representación de los españoles trasciende lo catastrófico, cuando menos en su proyección internacional.

El lado positivo de esa descorazonadora intrusión de Vox en los territorios templados y racionales de la Administración de Justicia pudiera ser el de la reapertura del debate sobre la pertinencia de que un partido político, sectario por esencia, se constituya en acusación «popular», pero el negativo es que uno de ellos, el menos templado, el menos racional, se haya constituido y actúe en un caso de tanta envergadura como el que se dilucida en el Supremo, donde se juzga a quienes, con sus actos, pretendieron sustraer al Pueblo Español, al de verdad, no al de Vox, una parte de su territorio y de su patrimonio comunal.

¿Qué pinta Vox ahí? Ciertamente, lo que la ley actual le permite, pero lo suyo es, por suplantatorio, un chafarrinón en el impecable cuadro que la Justicia debe, particularmente en éste caso, pintar.