Mejorar la democracia

D icen que la mejor forma de Estado es aquella en que el pueblo se gobierna a sí mismo. Como en los grupos de muchos individuos tal autogobierno directo es irrealizable, los ciudadanos han de elegir a sus representantes por mayoría de votos; a su vez, esos diputados tomarán decisiones también por mayoría; tales decisiones serían el reflejo de la voluntad general. Este modelo puede revestir muy diversas modalidades, la dominante hoy es la partidocracia, es decir, aquella en que el sufragio es encauzado —casi exclusivamente— por los partidos. Es un sistema de gobierno en que, de vez en cuando —generalmente cada cuatro años— se permite que el electorado decida cuál de las distintas oligarquías en pugna va a gobernar. Y dichas oligarquías, que son las cúpulas de los partidos, en muchos casos, se forman por cooptación y tienden a ser cada vez más cerradas. Consecuentemente, lo de la soberanía popular y la fiel representación de la voluntad general, en muchos casos, es simple retórica, incompatible con una teoría racional del Estado.

Nos encaminamos hacia un mundo en que la demagogia será cada vez menos rentable, porque el «demos» es más capaz de pensar y de respetar a los que lo hacen con desinteresado espíritu de verdad. Hasta hace muy poco tiempo no existían los formidables medios de comunicación con que ahora contamos. Conectar con miles o millones de personas para inquirir su opinión y que miles o millones de personas conecten con los centros de decisión para hacerla llegar, conservar ordenada y operativamente infinidad de datos, y conocer, en el acto y a escala mundial, cualquier suceso, son realidades relativamente nuevas y recientes. La representación política, que nació para establecer relación entre ámbitos, esferas y personas distantes entre sí —hacer presente es representar—, y para aportar datos y aspiraciones donde correspondiera, sigue, en esencia, bajo la concepción anterior a los nuevos fenómenos de comunicación. En pocas palabras: mientras la ciencia ha revolucionado montones de cosas directamente afectantes al hecho político, las formas políticas han permanecido invariables, nadie se ha dado por aludido. No es éste un alegato contra la representación política. Nada más necesario que su existencia. Pero cabe pensar que el cambio tecnológico la ha de afectar de alguna manera en cuanto a su concepción, fines y formas.

Lo decisivo en una democracia no es tanto designar al mando cuanto fiscalizar su comportamiento. El poder tiende al cinismo, a la palmada en la espalda y a la zancadilla cuando te descuidas; zancadilla de pierna anónima, naturalmente. El ejercicio del poder con una cultura patrimonialista que se refuerza por las altas cotas de impunidad. Otorgamiento de subvenciones, selección de personal, irregularidades en contratación, financiación de los partidos políticos. Son algunas de las manifestaciones de estas prácticas. El respeto a las normas y procedimientos es un cauce para fortalecer la calidad democrática y devolver la confianza a los ciudadanos en el sistema político. Se intentaría evitar así la formación de una élite política desvinculada de los intereses y de la realidad de la sociedad a la que representa, una verdadera «clase política» en donde sus miembros empiezan desde su juventud a depender económicamente de su cargo político, con las consecuencias que todo ello acarrea.

La calidad democrática debe comprender un enfoque amplio, que incluye no solo controles electorales y del poder político, sino también los objetivos y resultados concretos que advienen de un modelo político democrático, los cuales envuelven la igualdad socioeconómica, el bienestar y la justicia social, entre otros elementos que posibilitan el desarrollo de los niveles de vida de los ciudadanos y traducen la idea de un verdadero buen gobierno. Iniciativas dirigidas a conseguir más inteligibilidad del proceso político, más transparencia y participación o más responsabilidad y rendimiento de cuentas. Analizar la calidad de la representación implica, también, discutir sobre el sistema electoral que da lugar a una mejor representación de los ciudadanos (proporcional o mayoritario), el tipo de circunscripción (distritos, provincial, autonómica, nacional…), la forma de presentar las candidaturas (cerradas, bloqueadas o no…), qué rasgos sociales deben reflejar (sexo, territorio, etnia, clase, etc.), cuál es el apoyo que legitima para ser representante, o de qué forma pueden los representados controlar la actividad de los representantes durante su mandato.

La descentralización del poder político no conlleva más democracia, pero si puede incrementar la calidad en su ejercicio: cuanto más cercana sea a la ciudadanía la instancia que ejerce el poder de decisión, se genera un mayor apego ciudadano y es mejor valorado por los mismos. Y es así porque sus decisiones van a estar muy pegadas a los problemas reales que vive la ciudadanía. El poder político autonómico tenía una gran oportunidad de construir unas administraciones modernas, eficaces y cercanas a los ciudadanos. Es cierto que consiguieron frutos importantes, muy especialmente en los primeros años de desarrollo del Estado de las Autonomías. Pero también lo es que la apuesta final no ha sido, en general, por la eficacia, la profesionalidad y la solidez. Ha dominado el interés político de disponer de estructuras-administrativas-acomodaticias.

Una convicción muy arraigada: que la democracia solo es fecunda cuando está inspirada en el liberalismo, es decir, por la decisión de tener en cuenta a los demás. El ejercicio del poder, logrado democráticamente, es legítimo, pero puede llevar fácilmente a la prepotencia —abuso del poder y alarde de él— y convertirse así en un modo de opresión legal, lo cual es grave, porque desvirtúa el principio vivificador de la democracia misma.