EDITORIAL | Incumplimientos que suponen riesgo para la población

El abandono de las minas está dejando tras de sí un reguero de pozos, bocaminas y galerías sin restricciones de acceso que suponen un peligro y cuyo cierre debe abordarse de forma ordenada e urgente. El caso de las explotaciones del pozo Calderón y del cielo abierto del Feixolín, ambas en Laciana, es un claro ejemplo de cómo tras el cierre del negocio los responsables se desentienden y las administraciones no realizan ningún seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones. La reiterada denuncia de la Junta Vecinal de Orallo es la que ha puesto sobre aviso de la situación de negligencia en las minas de su entorno y que se está alargando casi dos años ante la pasividad institucional. No hay que olvidar que el Gobierno financia con fondos millonarios los costes excepcionales por el cierre de las minas que, además estar destinados a la restauración ambiental de los espacios, también deben invertirse precisamente en este tipo de actuaciones tan necesarias. La reclamación de Orallo es de puro sentido común y el trágico suceso aún tan reciente en el que el pequeño Julen perdió la vida debería ser suficiente para que las administraciones competentes actúen de forma inmediata y no miren para otro lado. Las resoluciones, también las del Ente Regional de la Energía están para cumplirlas, y más cuando es evidente que el abandono de estas instalaciones suponen un riesgo para la población, además del deterioro que supone para el entorno, especialmente en casos como este de Orallo en el que se ve afectado un monte de utilidad pública.