Pobreza infantil, pacto de estado
A las puertas de que dé comienzo la precampaña electoral, al menos oficialmente, sorprende que ningún partido hable sobre los graves problemas que tiene planteados la sociedad española, entre otros y para mí uno de los más urgentes, el de la pobreza infantil. En España, alcanza cifras preocupantes: más de dos millones y medio de niños están en riesgo de exclusión social en un país que presume de desarrollado, y lo es, pero que ha entrado en una deriva suicida debido al problema catalán, que acapara la agenda de los lideres nacionales por la rentabilidad que supone para algunos de ellos tratar de enfrentar a los ciudadanos, inocular el odio ideológico, bien por la defensa a ultranza de la bandera, del idioma, del lugar de nacimiento, de la inmigración, la caza o los toros.
Es indudable que la pobreza tiene efectos devastadores para todos, pero muy especialmente para los más pequeños, ya que afecta a su salud, al abandono escolar, a la falta de viviendas dignas, a su futuro inmediato pero también al de más largo plazo, por la dificultad que entraña superar determinadas barreras sociales y profesionales, que les condenan a una vida no exenta de peligros de todo tipo, entre otros la exclusión, que pueden arrastrar indefinidamente.
Una de las causas en la que más inciden organismos internacionales como Unicef o Save the Children, es en la necesidad de hacer un buen diagnóstico, para saber el número exacto de quienes están en esa grave situación, así como de las medidas que se han aplicado hasta ahora y que no han dado resultado para reducir la pobreza. Ese diagnóstico incide en la obligatoriedad de la enseñanza, ya que muchos de esos pequeños llegan a las escuelas publicas sin saber leer y escribir, en desventaja respecto a aquellos que tienen un nivel de vida aceptable, lo cual les condena al fracaso en la mayoría de los casos.
Que las familias pobres no están en condiciones de hacer inversiones a largo plazo ni en educación ni de ningún otro tipo, es de cajón, de ahí que esa limitación marque el futuro de sus hijos y sus opciones profesionales en el mundo laboral. Un problema que quedó patente durante la crisis de los últimos años, cuando jóvenes sin formación que se habían refugiado en la construcción, se vieron abocados al paro indefinido por falta de preparación cuando la demanda de vivienda cayó. Una situación que Pedro Sánchez llegó a calificar de «emergencia nacional», antes incluso de llegar al Gobierno, y que el director de Investigaciones de la Fundación PorCausa, Gonzalo Fanjul, ya advirtió de que en caso de no invertir en ese segmento de la población, supondría un «verdadero disparo en el pié» para el futuro de la sociedad y de la economía española.
Pero si sorprendente es la escasa, por no decir nula, preocupación de algunos políticos por dar soluciones a los graves problemas que tiene planteados la sociedad, más lo es, que un tema que afecta a tantas familias, ni siquiera forme parte de sus prioridades de cara a las elecciones del 28A, siendo como son los más jóvenes los que algún día tendrán que tomar el relevo en la política, en la educación, en la economía, en la salud y en tantos otros campos de la vida.
Es la razón por la que se insiste tanto en la obligatoriedad de que PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, lleguen a un acuerdo, a un pacto de Estado que intente dar soluciones a un tema que nos afecta a todos, sin excepción.