La calculadora no cuadra en Picos

Aunque la Ley de Parques Nacionales impide las actividades cinegéticas en estos espacios protegidos, los municipios leoneses de Picos de Europa cuentan con una moratoria de diez años otorgada por el Gobierno central en 2007 y que en 2014 fue prolongada hasta finales de 2020. En este tiempo los titulares de los derechos cinegéticos deberían negociar con el ministerio indemnizaciones por dejar la actividad progresivamente e incluso un lucro cesante por los ingresos que las juntas vecinales dejarán de ingresar en los próximos años.

Ni una cosa ni la otra. Ni la caza se está dejando progresivamente ni se ha iniciado ningún tipo de negociación para poner precio al final de la caza en Picos de Europa. El nuevo borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque (Prug), actualmente en fase de información pública, ya recoge la prohibición de esta actividad en todo el parque nacional, lo que inquieta tanto a los alcaldes de estas zonas como a la propia Junta de Castilla y León, cuyo director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, siempre se ha posicionado del lado de los pueblos para que sean debidamente compensados por renunciar a una de sus principales fuentes de ingresos.

Estamos a dos telediarios del final de la legislatura del gobierno socialista de Pedro Sánchez, y el señor Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, no se ha dignado a sacar la calculadora a pesar de que en su última visita al parque, en septiembre de 2018, se le llenó la boca abogando por la necesidad de compensar económicamente a los habitantes de Picos por las restricciones del Prug. El Gobierno, al que le toque después de las próximas elecciones generales, va a tener que afinar a la hora de calcular, ya que a los habitantes de Picos no se les olvida que en 2010 sus vecinos asturianos de Amieva percibieron 2,4 millones de euros por dejar de cazar rebecos en sus 1.400 hectáreas de parque nacional. Valdeón y Sajambre se frotan las manos imaginando la cifra que deberían percibir ellos por bajar la escopeta en sus 24.000 hectáreas e indultar a sus rebecos, corzos, ciervos, jabalíes y lobos. ¿Será capaz el Gobierno de asumir dicha cantidad?. Esa es la cuestión.