Un mal muy menor para el PP

En el arte del regateo, tan antiguo como la mercadería, hay dos límites incuestionables. Uno lo marca el vendedor al establecer el precio de que parte, que bajo ninguna circunstancia podrá incrementar con posterioridad: si ha pedido 30, no puede descolgarse después pidiendo 35. El otro lo marca el comprador cuando realiza la primera contraoferta: si empieza ofreciendo 15, no puede salir después pidiendo 10. De dichos límites, fijados unilateralmente, han de ser plenamente conscientes ambas partes.

Viene esto a cuento de la negociación emprendida entre Ciudadanos y PP en torno al próximo gobierno de Castilla y León. Prácticamente sin regateo, Alfonso Fernández Mañueco ha aceptado el precio fijado por el partido naranja para apoyar su investidura como nuevo presidente de la Junta. Con lo cual en principio, salvo que el «vendedor» salga modificando al alza el precio fijado inicialmente, no habría más que hablar.

Por muy onerosas, incluso leoninas, que pudieran parecer las condiciones exigidas por Ciudadanos, para el PP siempre serán un mal menor frente a la alternativa de verse relegado a la oposición. La cuestión no admite duda. Es más: al formar parte del pacto el veto a los alcaldes que llevan ya ocho años en el cargo, el PP se garantiza el mantenimiento de alcaldías como las de Burgos y Palencia, que caerían del lado socialista si no fraguara el acuerdo con el partido naranja. Y lo mismo cabe decir respecto a las diputaciones en las que Ciudadanos tiene la llave de la gobernabilidad, caso de las de Burgos, Zamora y Segovia.

No es extraño, pues, que antes de que la cúpula nacional naranja se pueda echar atrás, Fernández Mañueco se haya apresurado a confirmar que acepta sin objeción el precio establecido. Solo le ha faltado decir que lo firma ante notario. Ni por asomo podía soñar que Ciudadanos le franqueara la presidencia de la Junta y de paso una cuota de poder municipal y provincial que no había conseguido mantener por sí mismo en las urnas (sin en ese pacto, Salamanca sería la única capital de provincia gobernada por los populares).

Así las cosas, el que quedaría claramente con el paso cambiado es el candidato naranja, Francisco Igea, quien antes, durante y después de la campaña electoral ha apostado por un cambio y una regeneración política en Castilla y León a todas luces incompatible con la continuidad en la Junta del partido que lleva 32 años en ella apalancado. Pero donde hay patrón, no manda marinero, y si la voluntad de Albert Rivera no es la de permitir la alternancia política, sino la de apuntalar al decaído PP de Castilla y León, Igea no tendrá más remedio que asumirla (cuestión distinta es que, por coherencia personal y política, renuncie a gestionar ese apaño).

Y ni que decir tiene que el que se quedaría con un palmo de narices es el socialista Luis Tudanca, quien, después de ganar las elecciones autonómicas, vería frustradas su legítima aspiración a gobernar.