EDITORIAL | Inversiones de las administraciones para que se frenen las desigualdades

El informe del Ivie y la Fundación BBVA que analiza la rentabilidad de las inversiones públicas en infraestructuras y servicios sitúa a León, Teruel, Ávila y Huesca a la cola del conjunto del país. De algún modo pone en claro el conflicto que se genera a la hora de distribuir un dinero que siempre es insuficiente y en el que son las decisiones de los distintos gobiernos las que acaban por determinar las prioridades y los tiempos. Pero todo esto encubre el posible error que sería el priorizar los criterios economicistas. La labor del Estado y en general de todas las instituciones debe tener como guía irrenunciable el bienestar y el progreso de la sociedad. Y por lo tanto no sería aceptable que se prioricen los beneficios, porque además esas inversiones se convierten de manera automática en motores que deciden el progreso futuro, y por lo tanto los principios de igualdad que están en la base del Estado de Derecho deben hacerse valer a la hora de establecer las líneas de actuación con los fondos públicos.

Un recorrido por la llamada España vaciada muestra el problema que se genera cuando no se atienden las necesidades de todos los ciudadanos. La infrafinanciación que padece desde hace años Castilla y León está detrás de los problemas que se padecen en sectores tan fundamentales como la Educación o la Sanidad. Gobernar es decidir. Y pelear contra las desigualdades es una obligación permanente.