Las cajas de ahorro después del franquismo

C ualquier estudio que tenga por objeto investigar las cajas de ahorros españolas después del franquismo ha de centrarse en el periodo que va desde el 20 de noviembre de 1975, fecha de fallecimiento del general Francisco Franco, hasta finales de 2015, año en el que el sector del ahorro, casi en su totalidad, salvo las cajas de Pollensa y Onteniente, desaparece como tal del sistema financiero español al concluir el proceso de transformación de estas entidades en bancos. Este período estuvo marcado por una serie de cambios normativos muy decisivos para liberalizar, modernizar y finalmente liquidar las cajas de ahorros españolas.

Comenzaron el 27 de agosto de 1977 con la conocida como ‘reforma Fuentes Quintana’: publicación del Real Decreto 2290 sobre órganos de gobierno y funciones de las cajas de ahorros, y el Real Decreto 2291 sobre regionalización de sus inversiones. Más tarde se aprobaron disposiciones como el Real Decreto 3047/1977 por el que se creaba el Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorros; el Real Decreto 329/1983 que autorizaba su expansión en el extranjero, con lo que se daba un paso más en la equiparación de éstas con la banca privada; la Ley 13/1985 que introducía una nueva regulación del coeficiente de inversión obligatoria para equiparar también a las cajas con la banca; la Ley 31/1985 de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca); el Real Decreto 1582/1988 que derogaba el principio de territorialidad al permitir la libre expansión de las cajas en todo el territorio español; y el Real Decreto 37/1989 con el que se regulaba la reducción y desaparición del coeficiente de inversión obligatoria.

El Real Decreto 2290/1977, que reguló los órganos de gobierno y funciones de las cajas, repartía las facultades otorgadas a los consejos de administración entre la asamblea general, el consejo de administración, la comisión de control, la comisión de obras sociales y la comisión revisora del balance, y daba participación a los empleados, impositores e instituciones de carácter científico, cultural o benéfico, lo que originó un cambio cualitativo al convertir la obra benéfico-social en obra social y cultural. A su vez, el director general, que no podía ser destituido sino por causa muy justificable, tenía voz y voto en los órganos de gobierno y gozaba de facultades para suspender los acuerdos del propio consejo de administración. El RD 2290/1977 fue el punto de partida de una trayectoria de éxito espectacular de las cajas de ahorros.

La Ley 31/1985 (Lorca), aprobada por el gobierno de Felipe González, abordó una nueva reforma institucional de las cajas. Las novedades destacables afectarían a la composición y porcentajes de participación de los grupos representados en la asamblea general y en el consejo de administración; desaparecía la comisión de obras sociales, y con ella las instituciones científicas, culturales o benéficas, pasando sus funciones al consejo de administración; se incorporaban representantes de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas; se limitaban las atribuciones del director general a su estricta actividad profesional y de gestión, por lo que quedaba subordinado al consejo de administración, sin facultad para suspender los acuerdos de éste y con la posibilidad de ser destituido libremente por el propio consejo; y permitía que el presidente de la caja pudiera asumir funciones ejecutivas. El Gobierno del PSOE justificó los cambios con el pretexto de democratizar, profesionalizar y territorializar las cajas, pero vistos los resultados obtenidos, lo que se consiguió fue politizarlas. Sería el principio del fin de las cajas de ahorros en España.

Con motivo del proceso de adaptación de la normativa española al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, se publicó la Ley 44/2002 que introdujo cambios en las cuotas participativas emitidas por las cajas como vía de capitalización. Pero a causa de la crisis surgida en el verano de 2007 y a la intervención de Caja Castilla-La Mancha, el gobierno socialista de Zapatero promulgó el Real Decreto Ley 9/2009 que creaba el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB1); el Real Decreto Ley 11/2010 que permitía la emisión de cuotas participativas con derechos de voto, la integración de las cajas a través de SIP, el ejercicio indirecto de la actividad a través de un banco y la posibilidad de transformar las cajas? de ahorros en fundaciones de carácter especial; y el Real Decreto Ley 2/2011 para reforzar el llamado FROB2, lo que produjo la auténtica bancarización del sector de las cajas de ahorros.

Posteriormente se aprobaron el Real Decreto Ley 2/2012 con el que se establecía un nuevo sistemas de provisiones para afrontar el deterioro de activos; el Real Decreto Ley 18/2012 que permitía instrumentar ayudas públicas al sector en forma de capital contingente (CoCos) y contemplaba la creación de sociedades de gestión de activos (SGA); la Ley 9/2012 que estableció un nuevo funcionamiento para el FROB3; y la Ley 26/2013 que completó el Real Decreto-Ley 11/2010 e impulsó la bancarización de las cajas de ahorros, dando lugar a nuevas entidades financieras.

En este periodo de 40 años, por lo que se refiere a Castilla y León, se produjeron las fusiones de la Caja de Ahorros de Ávila (1985), Caja España de Inversiones (1990), Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (1991) y Caja España-Duero (2010); las integraciones de Caja Burgos en el SIP de Banca Cívica (2010), Caja Ávila y Caja Segovia en el SIP de BFA (2010) y Caja Círculo en el SIP de Caja3 (2010); las segregaciones de Banco CEISS de Caja España-Duero (2011) y Bankia del BFA; y las adquisiciones de Banca Cívica por CaixaBank (2012), Caja3 por Ibercaja Banco (2013), y Banco Ceiss por Unicaja Banco (2014).