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León

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’a pasado relativamente inadvertido un denso y bien elaborado informe publicado en junio por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre una Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT y CCOO en 2016, con el despaldo de 700.000 firmas, para establecer una prestación de ingresos mínimos (426 euros) en el ámbito de la protección de la Seguridad Social. Evidentemente, aquella propuesta trataba de mitigar el incremento de la inequidad social tras la crisis, ya que la doble recesión ha dejado un país mucho más desequilibrado que antes de la catástrofe.

El referido informe pretende aclarar el verdadero alcance y el coste fiscal de una medida de aquella naturaleza, y concluye en que, efectivamente, con un coste de unos 7.000 millones de euros anuales (0,6% del PIB), sería posible reducir un 12,1% la tasa de pobreza y un 27,6% la tasa de pobreza extrema. Sin embargo, lo interesante del informe es que la Airef, dirigida por José Luis Escrivá, ha ofrecido dos alternativas a la propuesta sindical que incidirían, según sus cálculos, en una reducción de la tasa de pobreza severa mayor, con un coste fiscal inferior y con un incremento del número de hogares beneficiarios. En las dos opciones se maneja el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas. La primera alternativa propone dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los adultos percibirían una prestación del 80% del Iprem y 1.200 euros/año por hijo a cargo. Si los ingresos están entre el 20% y el 60% de la mediana, percibirían 1.200 euros/año por hijo a cargo. Esta medida afectaría a 1,8 millones de hogares y reduciría el 60,4% la tasa de pobreza severa y el 2% la de pobreza. La segunda alternativa también tiene dos tramos: si los ingresos del hogar son inferiores al 30% de la mediana, habría una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del Iprem más un complemento por hijo a cargo equivalente a 1.680 €/año. Si los ingresos del hogar oscilan entre el 30% y el 60%, los beneficiarios recibirían una asignación por hijo a cargo de 1.200 €/año. Esta propuesta también afectaría a 1,8 millones de hogares, pero la reducción de la tasa de pobreza extrema sería menor, un 46%, y la de pobreza sería del 4,7%.

Las dos alternativas propuestas por Airef costarían apenas 3.500 M€. Y se reduciría entre el 46% y el 64% la pobreza severa que padecen más de millón y medio de hogares españoles, para los cuales las libertades básicas son una entelequia. ¿No valdría la pena debatir al menos, y cuanto antes, esta ayuda de emergencia?