TRIBUNA | La evaluación alternativa y flexible
Las revueltas estudiantiles y hasta profesorales, en Cataluña, que los implicados achacan a una respuesta a la condena de los líderes independentistas, han desembocado en una suculenta rebaja de las exigencias académicas para lograr superar asignaturas. El parecer el aprendizaje callejero es más productivo que el aprendizaje en las aulas, al menos requiere menos esfuerzo en determinados profesores y alumnos. La dinámica que este hecho produce en la sociedad, y sobre todo, en los estudiantes de otras autonomías es desoladora: la docencia y la investigación como moneda de cambio de fidelidad a una determinada ideología política. El esfuerzo y sobre todo, el derecho de algunos alumnos y profesores y su demanda de poder continuar con la vida académica, se ha aniquilado, todo ello amparándose en la legitimidad democrática de una minoría violenta sobre otra minoría responsable a la que se impide ejercer su derecho. Se proclaman movilizaciones cívicas y pacíficas al tiempo que se ejerce una contumaz violencia cotidiana: puertas selladas, adoquines volando, material urbano pegado con cemento, encapuchados y con la cara cubierta los cívicos y pacíficos; han descubierto la cuadratura del círculo.
Varias son las cuestiones que suscita la gravedad de este hecho y que se resuelven contestando a la pregunta que hizo otro catalán ante lo que consideraba un despilfarro de la iluminación de Nueva York: ¿Y todo esto quién lo paga? Porque esta fidelidad al ideario de la formación que maneja los fondos en Cataluña tiene un sospechoso aroma de compra de esa fidelidad y de promesas de impunidad por los desmanes callejeros a los que se va tomando el gusto y la rutina teñida de sustanciosos beneficios académicos y económicos. En segundo lugar, la rendición de los rectores a los violentos: ¿Era necesario asegurarles en el primer trimestre del curso la flexibilización (léase el aprobado general o la evaluación alternativa) a los violentos y no el derecho al estudio del resto? Recordar que la calidad educativa se mide en procesos: que tan falto de calidad es el dato de un suspenso general como el de un aprobado general; en ambos casos hay una negligencia de profesores y alumnos para dar ese resultado y no ajustarse en las calificaciones a las medidas de tendencia central estadística. En tercer lugar, la cuestión de la responsabilidad docente: ningún rector puede obligar, si siguiera sugerir a un profesor que «flexibilice» el contenido, la exigencia y la evaluación de sus alumnos; solo el profesor responsable es competente para hacerlo según la ley. ¿Se entiende esa medida como una coacción para que se actúe de una determinada manera al profesorado? Si ello se hiciera con un alumno en una materia, sería llamado vulgarmente «enchufe» y sería denunciable implicando cuestiones penales y la renuncia del Rector que lo realizase. Como al parecer este «enchufe» es colectivo, no hay responsables. Se amparan en decisiones tomadas por asambleas en las que solo participan los mismos que promueven esas medidas, ya que insultan y agreden a los que pretendan hablar en contra de sus propuestas. ¿Sería también válido si se aprueba en esa asamblea que no se pague a hacienda, que se de un salario de 5000 euros a cada estudiante, etc?
Con todo, lo más grave es la falta de apoyo de las autoridades académicas y políticas a los estudiantes y profesores que desean cumplir con sus obligaciones académicas e investigadoras. Hay un manifiesto de 800 profesores contra este desorden y vandalismo a la vez que piden apoyo por discrepar de los violentos. Ni desde el gobierno catalán ni desde el español se ha movido un dedo en su defensa. ¿No han hecho ambos gobiernos pasillos para que los políticos entren en las instituciones? ¿No pueden hacer lo mismo con quienes desean realizar su trabajo con responsabilidad y eficiencia en la Universidad? Con un pasillo por Facultad y con la detención de los más exaltados se resolvería el problema; pero, como se dice en estos casos «manca fineza».
Como una extensión más de lo anterior ahora la prueba de Lectura del Informe Pisa, que se publicará el mes que viene, muestra la falta de credibilidad de los resultados de los estudiantes de Secundaria, que, o bien fueron instigados por sus profesores, o bien por su cuenta, dan unos resultados tan pobres que son impublicables, fundamentalmente en algunas comunidades autónomas. ¿Contagio de la pedagogía complaciente universitaria?
Estos hechos son una pena que entristece profundamente al ámbito académico, ya que las universidades catalanas han sido punteras en investigación y en docencia en España, según acreditan las evaluaciones internacionales. La falta de formación que esta anomalía supone en los estudiantes se reflejará pronto en los rankings evaluadores e investigadores. Estos, los investigadores, nos consta que aprovecharán su obligado descanso académico para intensificar la dimensión investigadora que, afortunadamente, no pueden impedir los violentos, ya que puede realizarse en casa; algunos estudiantes también. Es significativo que la Universidad Pompeu Fabra rechace el sistema de evaluación única para mantener las tasas de éxito, según su Rector. En otras universidades los violentos tendrán la misma calificación, pero no el mismo conocimiento.
La mezcla de educación y política no ha dado nunca buenos resultados. Sin embargo las últimas leyes educativas, el afán de cada partido por modificar la educación ha hecho que tengamos una orgía legislativa variada, profusa, difusa y contradictoria, donde cada uno hace lo que en su Autonomía se decide. Para terminar de complicar el tema estamos a las puertas de nueva normativa en Educación derivada de los pactos políticos. ¿Hasta cuando abusarán de nuestra paciencia catilinaria?