TRIBUNA | Educación pública
En respuesta a la opinión publicada el 26 de noviembre, sobre la supuesta «persecución de la enseñanza privada», me gustaría verter una serie de datos —de esos que faltan en la opinión de Francisco J. López Rodríguez, al que le hablo de profesor a profesor, no como comunista— extraídos de los informes del Ministerio de Educación:
Primero, que el gasto de las familias en educación en la última década, incluyendo los años de la última crisis económica, se disparó un 41%.
Segundo, que la educación pública acoge al 67,5% de los niños, mientras la concertada se queda en un 25,7%, habiendo perdido ésta además un 0,4% en los últimos años, a pesar de tener el privilegio de ser este tipo de gestión educativa la que tiene, por ejemplo, la exclusividad de ciertas especialidades de Formación Profesional, como ocurre en León con la escuela de FP de La Robla.
Tercero, que a pesar de la pérdida del 0,4% en el porcentaje de alumnado, la financiación a la educación concertada ha aumentado en un 25% —frente al 1,4% de la pública— en la última década, incluyendo durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.
Señor Francisco J.: ¿de qué persecución de la educación concertada nos está hablando? Yo sí hablaré de la educación pública. Y no necesito hablar de las ratios alumno/profesor de las que tanto se habló en su día, ni de los barracones en los que obligaban a estudiar a los niños y las niñas en Valencia mientras se concertaban más escuelas en aquella comunidad. Hay ejemplos más cercanos, en León, que requieren nuestra atención sobre la situación de la educación pública. Hablo de 600 profesores menos de los necesarios y de que 1 de cada 5, pese a que su profesionalidad es tan poco cuestionable como la de los compañeros de la concertada, son interinos. Hablo del cierre de centros rurales agrupados por toda la provincia, que obliga a nuestros estudiantes a tener que viajar grandes distancias para poder acceder a los mismos estudios que sus compañeros. Hablo de casi 2.000 niños atrapados por la nieve hace menos de dos semanas en toda la geografía leonesa. Hablo de una educación pública, a la cual van la mayoría de estudiantes, con graves problemas, y que ése es el único motivo para miles de familias que acaban considerando una posibilidad enviar a sus hijos e hijas a la escuela concertada.
La educación es un derecho, y como tal toda persona ha de tener la posibilidad de recibirla del mismo modo que todo el mundo debería de tener acceso a la sanidad, a una vivienda y a un puesto de trabajo. Lamentablemente, señor Francisco J., vivimos en un sistema capitalista que no está dispuesto a recortar los beneficios empresariales para que la mayoría disfrute de sus derechos y que se prepara ya para la nueva crisis económica que se está avecinando y que pagaremos, como siempre, los trabajadores y las trabajadoras y nuestros hijos e hijas.
Los comunistas —los de verdad, no los trotskistas que usted menciona ni personajes como Pablo Iglesias, más cercanos todos ellos a sus posiciones que a las nuestras— siempre hemos defendido los derechos de la clase obrera y de los sectores populares ante aquellos elementos que bajo un argumento u otro han atacado sus intereses. La escuela concertada representa el ataque a la gratuidad de un derecho de todos al cual se desvían cada vez más fondos que bien podrían invertirse para solucionar parte de los problemas de la educación pública, opción aplastantemente mayoritaria de los españoles, y por tanto también a su calidad.
Pero no se preocupe, señor Francisco J., la «dictadura de la extrema izquierda» del PSOE y UP no va a atacar sus privilegios educativos: El PSOE, como siempre, se centrará en atacarnos a los trabajadores y trabajadoras y en especial a los y las comunistas, como cuando aprobaron reformas laborales, legalizaron las ETT o condenaron en el Parlamento Europeo a los miles de españoles que lucharon por la liberación de Europa del nazi-fascismo y la nueva socialdemocracia de UP renunciará, como ya ha anunciado que iba a hacer con la derogación de la última reforma laboral, a cualquier medida que ponga en peligro sus sillones.