El verdadero estado de alarma (II)

Han pasado ya 14 días desde que hice unas breves reflexiones sobre la pesadilla que jamás imaginamos que pudiéramos tener que vivir. Lamentándolo extraordinariamente no puedo por menos que reafirmarme en lo que entonces escribí en las primeras líneas: «España tiene el Gobierno más inepto, con menos capacitación —para gobernar, entiéndase— y más peligroso de la democracia».

La leonesa Margarita Robles, Ministra de Defensa, puede sin embargo estar orgullosa de seguir siendo una excepción. Es la primera persona, insisto la primera persona, no la primera mujer, que ha sido calificada, con todo merecimiento, con un notable, 7,2 exactamente; la nota más alta obtenida por un ministro desde 1979. No es la única excepción; otra mujer, Nadia Calviño, ha merecido la segunda mejor calificación: 5,7. Enhorabuena, de corazón. No son extrañas esas calificaciones. Son acordes con la preparación y el historial de quienes las han recibido, y si alguien lo duda, deténgase por unos minutos, comparándoles, a comprobar el historial de los integrantes del gobierno más numeroso que España ha conocido, y eso por no aludir a una gran mayoría de quienes ocupan los estrados del Congreso y del Senado (¿verán mis ojos alguna vez que a las elecciones se concurra con listas abiertas?).

Otra mujer, paramesa ella, ha sido igualmente muy clara al hablar de ese auténtico disparate (en la situación actual) que es la anunciada Renta mínima vital, remitiéndome a lo que podía leerse en el Diario del día 23. Me quedo ahora con el primer párrafo, y con el último, de la Opinión de María Jesús Soto: «El debate sobre una prestación ... que la gran mayoría de los expertos no alcanzan a entender, si se analiza desde una perspectiva distinta a la simplemente oportunista, electoralista y populista». Y concluía: «Aquellos que crean la falsedad de que van a tener una renta vital mínima de por vida, que no se sientan frustrados cuando se lo retiren, que no hagan responsables a quienes se lo retiren y que no organicen sus vidas pensando en que ese maná va a quedarse... los únicos responsables de ello serán los que lo promueven en estos momentos, sabiendo que no tenemos recursos ni dinero para hacerlo».

Y es que, sin opinar, simplemente reseñando lo que venimos constatando a diario, el Gobierno va de dislate en dislate. Difícilmente podrá hablarse de una gestión tan deplorable, tan penosa, tan perjudicial, tan irresponsable y veremos en su día si —jurídicamente hablando— tan ilícita. Y en estos 45 días nuevamente nos quedamos sin comprobar cómo se conjuga el verbo dimitir. Ay dimitir!

No voy a extenderme demasiado. No habría espacio para reseñar todos y cada uno de los disparates que esta pesadilla nos está deparando como demostración de lo que un gobierno es capaz de hacer como muestra de una gestión pésima a todas luces.

Incluso algo que es mucho más grave. El 13 de abril, Pedro Luis Pedrosa, analista político, oficial retirado de la Armada Venezolana, preguntado en una entrevista de televisión sobre si creía que España corre el riesgo de sufrir una «bolivarización», contestó de forma contundente que esa deriva ya se estaba produciendo, y de forma muy acelerada, afirmando que la vuelta de tuerca se da controlando el poder judicial...

Desde entonces han pasado muy pocos días. Cuando escribo estas líneas contemplo atónito la portada de un periódico de tirada nacional, y leo: «El gobierno busca un mayor control de la Justicia», añadiendo bajo esa entradilla: Utiliza el colapso de los juzgados por la pandemia para intervenir por decreto en el Poder Judicial, de espaldas a la oposición y a jueces, fiscales, abogados y funcionarios.

Sin abandonar la alusión al poder judicial. Qué decir de las críticas por parte de un vicepresidente del Gobierno —que está consiguiendo que su presidente baile al son que él pretende— respecto de la sentencia que condena a la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid por un delito de atentado a la autoridad, lesiones y daños, y qué decir de la defensa de dicho vicepresidente por parte del propio ministro del Interior, magistrado y actualmente —nunca mejor dicho— en servicios especiales. Y eso por no hablar de la defensa que igualmente ha postulado quien fuera expulsado de la carrera judicial. Lamentable, pero también preocupante.

Otro dislate, también con origen en el Ministerio del Interior, emana de la Orden de servicio nº 572/2020, de aplicación entre el 22 de abril y el 23 de mayo, aproximadamente (sic), que ha evidenciado el desigual, injusto e inaceptable tratamiento que se da en España a los ciudadanos según sean sus creencias religiosas, de forma que la vista gorda con la celebración del Ramadán en plena calle, con vigilancia policial incluida «para evitar alteraciones del orden», contrasta con el celo policial ante una misa que un sacerdote oficiaba a la puerta de su parroquia, para que pudieran participar los vecinos de desde sus viviendas.

Nuevamente Pedro Sánchez pide una reforma de la Constitución, ahora con la excusa de «blindar la Sanidad pública». No merece credibilidad alguna su justificación para este tema, ni para ningún otro. En estos momentos su credibilidad es nula. Manuel Aragón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, ha denunciado la exorbitante utilización del estado de alarma, exigiendo que la protección de la salud —que es una obligación de los poderes públicos— se realice a través de las reglas del Estado de Derecho, concluyendo con una frase lapidaria: La Constitución hay que tomársela completamente en serio.

Al inicio de estas reflexiones me refería a Margarita Robles, a Nadia Calviño y a Mª Jesús Soto. ¿Ha pensado Sr. Presidente en la posibilidad de ser honesto consigo mismo y con España, hacer «mutis por el foro» y dejar que un reducido equipo de mujeres tomen las riendas de un Gobierno de concentración?. Me atrevo a sugerirle que lo valore. Deje que don Iván Redondo siga jugando con nuevos «palabros»: desescalada, la nueva normalidad. ¿Qué quiere que desescalemos?. En todo caso escalaremos, va a ser difícil caer más abajo.

¿Por qué no permite que sean las mujeres las que traten de ordenar, un poco al menos, una situación que a Vd. se le ha ido totalmente de las manos?. Se me ocurre pensar en las dos citadas inicialmente, como representantes del Partido Socialista, en Ana Pastor por el Partido Popular, en Macarena Orona por Vox, en Inés Arrimadas por Ciudadanos. No se me ocurre pensar, perdónenme, en posibles representantes de Unidas Podemos, pero no descarto que haya alguna mujer que pueda integrarse en ese grupo. De lo que sí estoy seguro, totalmente seguro, es que entre un reducido grupo de mujeres, conseguirían un acuerdo que, cada día más, es imprescindible para el futuro inmediato de España, un país en situación crítica, y del que Vd. es, ojalá que no por mucho tiempo, presidente.

Presumo que mis palabras caerán en saco roto. Si así fuera, Sr. Presidente, le dedico una frase regalada por un buen amigo. Quien fuera presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, solía decir al concluir las reuniones con sus directivos: Por favor, no trabajen tanto, trabajen mejor. Pues eso.

Y se lo recuerdo también Sr. Presidente: Rectificar no tiene por qué ser solo cosa de sabios.