Final de curso movidito

Lejos de aclarar, las instrucciones de la Consejería de Educación de CyL de 17 de abril y 15 de mayo reafirman una larga tradición de nuestros gobernantes, esto es, extender órdenes veladas a sus funcionarios, abigarradas de un lenguaje vacuo, con pocas concreciones y mucha palabrería, desenfocadas, alejadas de la realidad. Nunca llegan al meollo del asunto ni resuelven los principales problemas académicos. De hecho, los alumnos que suspenden en junio —muchos o pocos, depende de cómo se mire— están en esa situación no por el Covid-19, sino porque han suspendido varias materias antes de marzo, porque se han escudado en la vagancia a partir de esa fecha y porque no han trabajado lo suficiente desde septiembre hasta junio.

Esa es la principal razón, por encima de la brecha digital o los nuevos retos de una educación no presencial. También porque muchas familias relajaron su control y exigencia al leer entre líneas unas desafortunadas declaraciones de la ministra del ramo, referidas a un balsámico aprobado general. Incluso parte del profesorado se ha dejado llevar por ese elixir de felicidad, evitando las complicaciones propias de una situación excepcional y engorrosa.

Es bien sabido que detrás de ciertos aprobados generales se esconden graves deficiencias. Por otra parte, esta Administración no ha dejado de persuadir a sus docentes con mantras como que repetir curso tiene que ser algo muy excepcional y que si apruebas a tus alumnos —no importa cuánto sepan— no tendrás problemas ni con las familias ni con la Inspección, además de que quedarás catalogado como un docente con alto rendimiento telemático y sobrados recursos para la motivación y la moderna pedagogía.

Seguimos en la galería de lo superfluo; más de lo mismo. Pero la realidad es otra. Los alumnos de este curso se han examinado de menos materia, solo les cuentan los contenidos presenciales (hasta el 13 de marzo) y no han tenido un sobreesfuerzo de estudio —sí de tareas—, a pesar del confinamiento. Casos excepcionales también hay, desde luego, pero algunos han salido adelante no con estudio sino con un masivo «copieteo».

Evaluar negativamente a un alumno sería, por tanto, desafortunado, sinónimo de deficiencias en los cuerpos docentes, nunca en el alumnado. Este año hemos sufrido una horrible pandemia, pero nuestros alumnos no son mejores alumnos —especialmente los suspensos— que si no la hubiéramos sufrido. Desde luego no es posible la generalización, porque han existido actitudes variadas en ellos, muchas encomiables, por eso los resultados también tienen que ser variados. Educamos para la vida, con sus durezas e inconvenientes. No educamos, por mucho que se empeñe la ministra, para una vida blanda, laxa en actitudes, carente de problemas, henchida de felicidad y sin necesidad de esfuerzo para llegar a una meta.

Todo alumno de ESO y Bachillerato conocía a la altura del 13 de marzo lo que debía hacer para prosperar, recuperar y sacar adelante el curso. Algunos se perdieron en la comunicación con sus profesores porque así lo deseaban, cobijados en excusas. Otros siguieron, naturalmente, trabajando de forma impecable. Otros a tirón. Otros a trompicones. Si ya era difícil conseguir la atención y concentración de muchos alumnos en el aula, fuera de ella ha resultado más dificultosa. Los docentes saben valorar la excepcional situación, sin necesidad de que la Administración les suplique un aprobado general o una manga ancha de franciscano.

Acaso sea tarde para ahuyentar un mal que se extiende como mancha de aceite: la infantilización de nuestros alumnos, el síndrome de Peter Pan. Les sobreprotegemos tanto —especialmente Administración y familias, por diferentes motivos, claro está— que estamos debilitando el carácter de nuestros jóvenes, apartando de sus valores la cultura del esfuerzo y la autonomía personal. Ningún alumno, ninguno, de los que han trabajado bien, va a suspender. Así que sobran las filípicas oficiales, que buscan favorecer al poder político y denostar a los docentes que se les ha ocurrido suspender a alguno de sus pupilos.

Ningún alumno de los que suspende en junio hubiera podido superar los suspensos de haber tenido clases presenciales. Eso demuestra que se ha trabajado bien por parte del profesorado —admitamos que en este punto tampoco se puede generalizar— y de una gran mayoría de alumnos. Si suspenden tienen que mejorar. Si aprueban lo han merecido. Eso tiene que ser así, con y sin coronavirus. Basta ya de repartir golosinas a las familias y debilitar a nuestros jóvenes bajo el manto de consignas escogidas para la ocasión.

La Administración, en vez publicar monsergas de boletín oficial, tiene que decir alto y claro con cuántos suspensos se promociona o titula, qué contenidos deben incluirse en este curso, qué se les permite a los profesores a la hora de aplicar criterios de evaluación y calificación, qué contenidos tienen un valor fundamental y cuáles un valor auxiliar. El resto depende de la profesionalidad y del sentido común. Justicia es dar a cada uno lo suyo; no regalarlo ni escatimarlo. Al respecto, resulta enternecedor observar cómo muchas familias se pertrechan de tecnología y se organizan para contestar entre todos los miembros al examen online de nuestros alumnos/as, en una suerte de estrategia colectiva entre padres y hermanos mayores. ¿Nadie ha previsto la picaresca en esta pandemia? ¿Nadie va a rechazar una nota sobrevalorada de su hijo/a si esta se produce de forma clamorosa? ¿Mejor protestar por lo poco y callar por lo mucho? En este tipo de suertes siempre salen perdiendo los alumnos brillantes; y ganando los pillos que han sabido administrar su vagancia.

Las 17 autonomías debieron de ponerse de acuerdo en criterios únicos y no seguir apuntalando una tómbola en la que los alumnos de Bachillerato titulan con cero, una o dos suspensas, dependiendo de en qué territorio estudien. Esa deficiencia no se puede suplir con una llamada al buenismo de los profesores porque en la Conferencia Sectorial han primado los criterios de pugna política y no los académicos. Cada palo tiene que sujetar su vela. A los docentes se nos obliga a suplir la deficiente actuación de los dirigentes políticos. ¿Cómo juzgamos el hecho de lanzar a los inspectores sobre el profesorado para conseguir un resultado que los políticos no han sido capaces de obtener? Cualquier cosa vale, menos el juego limpio.

Estos meses se habla mucho de la Ebau, demasiado. Pero no se entra en su estructura interna ni se analiza su mecánica. Nadie ha pedido, por ejemplo, que no se evalúe la asignatura de Historia de España (obligatoria para todo el alumnado) bajo criterios simplemente memorísticos, convirtiendo su examen en un vergonzante ejercicio de empolle, puro y duro, con estándares seleccionados por un subalterno que fusiló en su día un libro de texto para sacar 96 preguntas (que otro lumbrera llamó estándares), todas ellas asimétricas, deshilvanadas y sin un sentido de la coherencia interna, las mismas que tienen que engullir los alumnos para pasar el trago, sin que a nuestras autoridades académicas les preocupe si los chicos entienden lo que escriben. La universidad tampoco se queja de esta infernal estructura, pues necesita alumnos para sostener sus plantillas, dejando a un lado la exigencia y persuadiendo a los correctores de que levanten la mano. Ahí es donde la Administración está obligada a planificar mejor, a vigilar, a dejar de usar el boletín para arengar a sus funcionarios. Lo demás lo hacemos de facto los docentes, así que déjennos trabajar en paz.