En defensa de la Constitución de todos, en su 42º aniversario

En un annus horribilis como 2020, la alegría que supone estrenar su último mes se acompaña de la celebración del cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución. Una Constitución que ha sido el buque insignia de la consolidación de un Estado política, social y económicamente. Sin embargo, son malos tiempos para la lírica, ya sea para quienes les transporte al poema de Bertolt Brecht o a la sonoridad de la canción de Golpes Bajos.

La Universidad de León y su Departamento de Derecho Público han querido solemnizar lo que debiera ser obvio y empoderar a la Constitución con la fortaleza de la juventud de nuestros estudiantes y el buen hacer de los profesores, con un Curso en Defensa de la Constitución, un manjar excelso regado por la donación, desde el Senado, de un ejemplar de la Constitución a cada uno de nosotros. Algo con lo que recuperamos la tradición, ya que en cada casa en 1978 había una Constitución, que también nos daban en las escuelas, editada por el Ministerio de Educación, sin que mediara fantasma de polución ideológica. Yo conservo con inmenso cariño ambas, una con la rúbrica de mi padre y otra con la de mi madre, a la sazón mi maestra en Alcoba de la Ribera.

Son la garantía institucional de la legalidad, a quienes la Constitución prohíbe azuzar polémicas, enfrentamientos y conflictos

La Constitución tiene muchos frentes abiertos. Aquí reflexionaré sobre alguno de ellos guiada por su articulado. En el preámbulo, se proclama la voluntad de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo». Para convivir hay que consensuar, y si la sociedad española del siglo XXI es diversa y plural, nuestras Cortes Generales y nuestro Gobierno también lo han de ser, pero tienen preceptivamente que alcanzar soluciones integradoras dentro de la legalidad. Son la garantía institucional de la misma, a quienes la Constitución prohíbe azuzar polémicas, enfrentamientos y conflictos. Debemos saber que quienes así se comportan —gobierno y oposición—, son los demagogos populistas de quienes nos advertía Aristófanes que eran como los pescadores de anguilas, que solo llenaban sus cestas en aguas turbias y fangosas.

El título II, De la Corona, también merece una reflexión. La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria (art. 1. 3 CE). En palabras de Thiers, el «Rey reina, pero no gobierna», dada su función simbólica de unidad y permanencia del Estado. Quienes abogan por una república, deberían precisar —pero, eso no interesa— qué tipo de República nos proponen. En la más cercana a nosotros, la II República, su residente era elegido por un grupo de compromisarios (art. 68, Constitución de 9 de diciembre de 1931), juntamente con las Cortes, unicamerales (art. 121, d), evitando que «fuese esclavo del Congreso» y asumiendo su carácter poco democrático, como se refleja en los debates constituyentes. Incluso, ni tan siquiera los compromisarios llegaron a intervenir en la elección de Niceto Alcalá Zamora, que lo sería por solo 362 votos. Decir que, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset recibieron un voto, respectivamente. A D. Manuel Azaña le catapultaron a la presidencia 754 votos. La Jefatura monárquica de nuestro Estado fue respaldada por prácticamente dieciséis millones de votos, los de quienes votaron sí en el referéndum de 6 de diciembre de 1978. Ese apoyo al poder constituyente, se proyecta generacionalmente desde el funcionamiento de los poderes constituidos a cuyo funcionamiento contribuyen todos los que en las últimas elecciones tuvieron la mayoría de 18 años.

Respecto al asunto de la inviolabilidad, sostengo que esta se vincula a sus actos como «Jefe de Estado», en una interpretación coherente del art. 56 de nuestra Constitución y del art. 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Quien ostenta de modo vitalicio y con carácter honorífico el título de Rey —que no emérito— ha de mostrar la dignidad que ello conlleva, resultando sencillo modificar ese estatus conferido desde una regla con carácter reglamentario, como el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, a propuesta del Presidente, previa deliberación en Consejo de Ministros.

Sobre el gobierno y las Cortes Generales, que es como nuestra Constitución designa a los poderes ejecutivo y legislativo, su configuración es meridianamente clara, debiendo ser obligatorio que todos sus miembros leyesen obligatoriamente sus artículos antes de jurar, más o menos solemnemente, sus cargos. El gobierno halla su legitimidad en su configuración mediata desde su apoyo parlamentario (art. 99 CE), que en ningún caso le habilita una licencia de Agente 007 para gobernar alterando la prelación de fuentes del Derecho, de modo obsesivo, a través del abuso de la figura de los Decretos Leyes (art. 86 CE).

Finalmente, quiero apelar a los medios de comunicación. En una sociedad tecnologizada, hiper informada, ustedes tienen una responsabilidad especial, más allá de los dictámenes de la libertad de empresa. Conozcan la Constitución, para luego avalar o rechazar fake news y postverdades. No necesitamos Ministerios de la Verdad, en la ética del buen hacer periodístico va implícito y, con ello, recuperar el rol de los profesionales de la información, que ahora parece ser una gratuita aplicación inserta en cualquier teléfono móvil.

La Constitución somos todos. En un día que conmemoramos su aniversario, recogidos por un virus global que atenaza nuestro derecho más fundamental que es el derecho a la vida (art. 15 CE), sin el cual los demás devienen en espurios, leamos la Constitución y recuperemos la emblemática actitud de la Juez Ginsburg, y así diré, «Yo disiento de quienes no valoran la Constitución, trabajo por lo que creo, elijo mis batallas y no quemo mi puente, que es la Carta Magna». Feliz aniversario.