Enseñanza, otra alternativa es posible

HASTA ahora, parecía que las reformas educativas estaban destinadas a perdurar hasta que el contraste entre las nuevas ideas de los legisladores y la práctica diaria, acababa encontrando un equilibrio más o menos justo. Así ocurrió con la LGE de 1970. Con la Logse, las coasas han sido diferentes. Tras once años de implantación, se procede a reformar la vigente Ley, a la que se atribuye la responsabilidad de todos los fallos y disfunciones del sistema educativo, sin haber evaluado los logros y fracasos de la misma. La Administración educativa actual, de forma acelerada y autoritaria, sin un análisis riguroso de los problemas que existen y menos aun de sus causas, acomete una Reforma que no es una mera operación de maquillaje, sino un giro copernicano del sistema educativo español, al querer borrar los rasgos más característicos de la Logse. Con la aprobación por el Gobierno del Partido Popular del Anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación, para el que se prevé un trámite parlamentario expeditivo, se completa así el círculo de la contrarreforma privatizadora que inició con la LOU y la Ley de Formación Profesional. Sorprende que, pasados tres meses desde la aparición del borrador del documentos de bases, no se esté produciendo en la sociedad leonesa el debate social y la respuesta que era de esperar, ante las repercusiones que el desarrollo y la aplicación de la futura Ley pudiera tener para la educación y la enseñanza pública de este país y de nuestra comunidad. Desde Stele-STEs rechazamos las medidas anunciadas por la Administración y pensamos que otra alternativa es posible. Animamos al profesorado y a toda la comunidad educativa a participar en el debate, a impulsarlo y a defender aquellos elementos que sirvan para construir una auténtica escuela pública de calidad. La educación es una tarea compartida y su perfeccinamiento requiere el esfuerzo de todos. Pensamos que los cambios y mejoras deberían ir en la siguiente dirección: -Avanzar en una atención más personalizada del alumnado y en la compensación de las desigualdades educativas de partida, que genera nuestro modelo social. Para ello, es preciso mantener un modelo de atención a la diversidad desde el comienzo de la escolaridad, que se caracterice por: potenciar la acción tutorial, completar los equipos de los departamentos de orientación, impulsar las actuaciones de educación compensatoria, favorecer los desdoblamientos de los grupos y las agrupaciones flexibles, fomentar las actividades de apoyo y refuerzo con el alumnado, y de recuperación de asignaturas no aprobadas; incrementar, finalmente, la oferta de materias optativas, de manera que respondan a los intereses plurales del alumnado, y con distintos niveles de complejidad. -Garantizar la autonomía de los centros educativos, con oportunidades para impulsar sus proyectos educativos. Esto exige a su vez; desarrollar una política adecuada de plantillas de profesorado, dotar de los recursos materiales necesarios, reducir la buroc racia, favorecer una cultura de la colaboración y reforzar la participación democrática de la comunidad educativa, sin imposición de liderazgos externos en el gobierno y gestión del centro. -Apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social. Se precisa, pues mejorar sus condiciones laborales: acceso a función docente, incorporación de períodos sabáticos a lo largo de la vida profesional, reducción de docencia directa sin merma retributiva a los mayores de 55 años, reconocimiento de las tutorías y funciones de coordinación en los centros, generalización de la jubilación voluntaria a los 60 y el reconocimeinto de las enfermedades profesionales, entre otras; asegurar la configuración de claustros estables y reducir la inestabilidad del profesorado (desplazados, en expectativas, provisionales...). Reducir el número de grupos y alumnos por profesor. Mejorar la formación inicial y permanente: establecer el grado de licenciatura en magisterio y, en secundaria, una adecuada formación psicopedagógica; la formación permanente ha de fundamentarse en las necesidades de los centros educativos, grupos de trabajo, seminarios... -Garantizar que ningún centro sostenido con fondos públicos seleccione al alumnado. Los centros que reciban fondos públicos tienen que escolarizar a todos los alumnos sin excepciones, no deben tener ninguna posibilidad para seleccionarlos, ni por su origen económico, social, cultural o étnico, ni por su expediente académico. La Administración educativa debe reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa. -Mejorar las infraestructuras de los centros (talleres, aulas específicas, lugares de reunión...). El espacio para las actividades educativas facilita o dificulta el aprendizaje y la convivencia. Por otra parte, la construcción o habilitación de centros, especialmente diseñados para la escolarización del alumnado de la ESO, podría hacer disminuir la conflictividad de esta etapa educativa. -Inpulsar medidas tendentes a mejorar la convivencia de los centros, potenciando el diálogo y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos. También, planes de actividades complementarias y extraescolares, como forma de convivencia y mejora de las relaciones entre los escolares. -Implicar a otras instituciones para la resolución de problemas que no tienen su origen en el marco estrictamente escolar. Dar apoyo, en fin, a los centros con profesionales especializados en el campo social. -Realizar una evaluación periódica de los centros, del profesorado, del alumnado y del funcionamiento de la propia Administración. Los resultados de la evaluación de todos los agentes, instancias e instituciones que intervienen en el sistema educativo han de servir realmente para reorientar, si se cree necesario, las líneas directrices de la política educativa. Es evidente que para caminar en la dirección descrita, y construir una alternativa esperanzadora de progreso y de futuro, es imprescindible una adecuada dotación presupuestaria. El anteproyecto de ley no recoge ninguna medida de financiación, aunque si prevé incrementar el presupuesto de los conciertos educativos para la escolarización de tres a seis años con la enseñanza privada. Nos encontramos, pues, en la tesitura de apoyar, por acción u omisión, una contrarreforma educativa que generará descontento, más frustración y conflicto, además de promover una educación que ahondará en las diferencias que existen en la sociedad o no permanecer impasible frente a los cambios que propone el Gobierno, y defender alternativas que favorezcan una educación que sea instrumento eficaz para compensar desigualdades, para contribuir a la cohesión, a la integración social y al progreso de todos.