Diario de León
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DE no haber dado en la madrugada de ayer el Gobierno español el puñetazo sobre la mesa que ha cortado de raíz el incidente del islote ceutí del Perejil, los marroquíes habrían exhibido ayer su trofeo ante toda la prensa extranjera acreditada, lo que hubiese colocado a la diplomacia española en situación aún más embarazosa. Porque, en efecto, la reacción de nuestro país ante la ocupación de un peñasco sin valor alguno junto a la costa marroquí por un puñado de soldados de esta nacionalidad hubiera podido parecer «desproporcionada» a cualquier observador que no conociera toda la realidad: que este gesto inamistoso que vulneraba el statu quo existente durante más de cuarenta años era, en realidad, el último episodio de una escalada intolerable de agravios infligidos por el régimen marroquí a nuestro país, que comenzó con la negativa a firmar un tratado de pesca y prosiguió con la retirada del embajador el pasado octubre. Algunas voces afirmaron ayer que el Gobierno se había precipitado porque la resolución casi unánime adoptada por el Parlamento la víspera instaba al Gobierno a agotar los cauces diplomáticos. Pero la objeción es infundada ya que sólo el Gobierno tiene, en estos asuntos, todos los datos en la mano (también los de la diplomacia oculta). En consecuencia, y puesto que había de llegarse a la situación traumática, lo más reseñable es que se ha obrado con limpieza técnica y prontitud. La medida de fuerza, que al parecer todavía no ha terminado de digerir del todo la «intelligentzia» marroquí, que quizá no se esperaba tanta firmeza y reclamaba ya ayer «la inmediata retirada de las tropas españolas», produce como es natural un cambio espectacular en las relaciones entre Rabat y Madrid. De un lado, abre una brecha profunda, de consecuencias todavía imprevisibles pero sin duda graves. Pero también, de otro lado, otorga una ventaja estratégica a nuestro país en las vicisitudes futuras de dicha relación. Sentado el principio de inaceptabilidad de todas las presiones que puedan hacerse al margen del derecho internacional -que recibirían la misma respuesta tajante que la ocupación de la isla del Perejil-, ya no hay que temer otras marrullerías de nuestro vecino. Ni otras «ocupaciones» de territorios, ni movilizaciones masivas al estilo de la «marcha verde», que fue el primer precedente de la «diplomacia coactiva» que suele utilizar, con innegable habilidad, Marruecos frente a España. La ministra Ana de Palacio, que proporcionó ayer datos que parecen acreditar la soberanía española sobre la isla de Perejil, puso sin embargo de relieve que, como en efecto ha podido apreciarse, de ningún modo ha alegado nuestro país dicha soberanía para fundamentar la protesta, primero, y la intervención militar, después: éstas se han basado en todo momento en una cuestión de formas, en la violación del derecho internacional que supone dejar de respetar un status quo tácitamente aceptado por ambas partes y en el que se basa por tanto la recíproca confianza.

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