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Publicado por
León

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L PSOE está golpeando al Gobierno en todas sus vertientes, desde la política internacional, suavemente criticada, a la cultural y a la económica, atacada con la mayor dureza. Y ahí corren los socialistas el peligro de agotarse antes de tiempo, pues la legislatura es muy larga, y en ella disfruta el Gobierno de tiempos muertos para tomar oxígeno, como las vacaciones de verano, en las que se cierran los foros de combate político. A veces llega el Gobierno deteriorado y agónico al fin de la legislatura, pero también la oposición puede acabar sin aliento, sobre todo si sus golpes se pierden en el aire al no dar en la mandíbula del ejecutivo. La privatización de Transmediterránea esta inspirando al portavoz socialista Jesús Caldera una serie de sospechas más bien acusatorias, pues entre las empresas beneficiadas figuran navieras participadas por el ex ministro Abel Matutes, cuyas relaciones con La Moncloa son evidentes, pero no tienen por qué no ser transparentes y honorables. Exige Caldera que el Gobierno informe al Parlamento sobre todas las circunstancias de esta privatización y facilite un informe detallado de todas las ofertas de compra presentadas, por si no se hubiera escogido la mejor. Ayer se firmó oficialmente la compra de Transmediterránea en la SEPI, cuyo presidente, Ignacio Ruiz Jarabo, defendió la operación afirmando que no había causa ni posibilidad legal de excluir al grupo del que Matutes era accionista minoritario, por el hecho de que este accionista hubiera sido ministro de Asuntos Exteriores. Pero Caldera no se conforma con esta aclaración, que es obvia, pues él intenta conocer si otras ofertas pudieron haber sido más ventajosas para el Estado. También en el terreno de las privatizaciones, acompañadas siempre de denuncias verbales de amiguismo gubernamental, estaría ya descubriendo el PSOE un flanco vulnerable del Gobierno, un flanco, sin embargo, contra el que podría estrellarse si el Congreso de los Diputados recibiese la documentación requerida por el señor Caldera. Las sospechas o acusaciones que se pierden en el vacío hacen más daño a quien las lanza que a aquel contra el que van dirigidas. Más campo dialéctico, de confrontación política, habría en el asunto de la Ley de Calidad de la Enseñanza, cuya paralización parlamentaria ha pedido también Jesús Caldera por no ir acompañada de la pertinente memoria económica. ¿O no es esa memoria pertinente?, como sostiene el Gobierno. El caso que el PSOE no cede en su labor de oposición, y ha movilizado nada menos que a 1.200 ayuntamientos de gestión socialista contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.