El coste de la reforma educativa

NO entiendo en absoluto que el Gobierno del Partido Popular oculte al Congreso de los Diputados, a la oposición, a las fuerzas sociales e incluso a la propia opinión pública el coste de la reforma educativa, como nunca entenderé que los dirigentes de Batasuna se cabreen cuando alguien les recuerda su evidente vinculación a ETA. Espero que nadie insulte mi inteligencia alegando que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Afortunadamente para el Gobierno. Claro que son asuntos distintos. La comparación sólo sirve para defender que un partido político no debe avergonzarse de su profesión de fe ideológica. Si lo hace, es lo peor que podrá ocurrirle, porque la indefinición es siempre mala compañía. El programa político del Partido Popular apuesta por lo privado. Ahí están su formidable operación privatizadora de empresas públicas, la sacralización del déficit cero en los Presupuestos del Estado (naturalmente, a costa de las inversiones públicas y los gastos sociales, no puede ser de otro modo), su pregonado lema liberalizador (más sociedad, menos Estado), la eclosión de empresas de seguridad privada o el reciente recorte de los fondos por desempleo. La ocultación del coste de la reforma educativa sólo puede significar que el Gobierno que preside José María Aznar y la formación política que lo sustenta, el Partido Popular, se avergüenzan de que, a la hora de financiar los avances contenidos en la Ley de Calidad de la Educación, la enseñanza privada va a salir favorecida en detrimento de la pública. Es una opción política tan legítima como otra cualquiera. ¿Por qué la oculta realmente ?, ¿por qué esconde los documentos oficiales donde se hace una pormenorizada valoración de los costes? La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, desmentida de hecho inmediatamente por el ministro Cristóbal Montoro, sigue diciendo que no niegan esa información porque, simplemente, no existe la dichosa «memoria económica». Es una burda apelación nominalista antes de jurar que como tal «memoria económica» no existe, cuando ya se han difundido publicamente documentos oficiales donde se calcula con todo detalle el coste de la reforma educativa. No es decente negárselos a los grupos parlamentarios que, naturalmente, quieren formar criterio antes de su tramitación formal, prevista para el próximo otoño. Y puede que tampoco sea legal, a la luz de la Ley del Gobierno promulgada a finales del 97, que obliga al Ejecutivo a acompañar sus proyectos de ley de «una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar» (artículo 22.2). La cuestión queda pendiente para una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados convocada el 3 de septiembre. Hacia allí la ha desviado la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudi, como primera providencia ante la petición de los socialistas de que se paralice la tramitación de la Ley de Calidad.