Consecuencias políticas

QUE Batasuna no está dispuesta a condenar de manera explícita o menos explícita el terrorismo de ETA es algo que sabíamos desde siempre y que la presencia de la nueva Ley de Partidos no modifica esa realidad es también una verdad incuestionable. Pero el trágico suceso de Santa Pola no puede traer como principal consecuencia la ilegalización de ese partido político cercano a ETA. La principal consecuencia debería ser la determinación de acabar con el terrorismo de la organización ETA. En esto es en lo que el Gobierno y toda la sociedad tienen que concentrar sus esfuerzos. Es muy absurdo que estos días no estemos hablando de otra cosa que de la ilegalización de Batasuna, de su negativa a condenar los atentados y de la convocatoria de un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados en agosto para instar esa ilegalización. Tal parece que los asesinos de las dos víctimas de Santa Pola sean los dirigentes de Batasuna y no la organización terrorista ETA. Hay otro aspecto en el problema de la ilegalización: el de las posibles consecuencias políticas más allá de los efectos antiterroristas de la decisión. El otro día ya me refería a las dificultades jurídicas para llegar a una decisión judicial en ese sentido. Y hoy evoco la cuestión de los votantes de Batasuna y el destino de sus votos. Desde el punto de vista democrático, hay que tener en cuenta que el vacío no existe en política y que se intentará llenar de diversos modos. El primero y obvio es la formación de agrupaciones de electores en las que podrán ir los candidatos de esa coloración política y será prácticamente imposible evitarlo. O algunos se verán forzados a la abstención, algo democráticamente incomprensible. Y quién sabe si muchos no optarán por dar su voto a otras organizaciones nacionalistas, aunque lejos del campo del apoyo a la violencia, como PNV y EA. No creo que puedan ser esas las consecuencias políticas queridas por los impulsores de la ilegalización.