Con la ley por delante

la vista de las relaciones y afinidades entre ETA y Batasuna, la ley de Partidos tal vez llegue con años de retraso, pero el Gobierno y el PSOE intentan recuperar el tiempo perdido, si es que se ha perdido realmente, para que la ley se aplique con la mayor rapidez y todo el apoyo social disponible. Por iniciativa de socialistas y populares se reunió ayer la Diputación Permanente del Congreso sin más orden del día que el de aprobar la celebración el lunes próximo de un pleno extraordinario que encomiende al Gobierno la tarea de incoar judicialmente la ilegalización de Batasuna. Varios grupos políticos no ocultan sus reticencias ante la puesta en marcha de esta ley, que si bien obtuvo en su elaboración el respaldo del 95% de los diputados, su aplicación tal vez se vea apoyada por un porcentaje ligeramente menor. Esa merma de adhesiones se debe a la abstención anunciada por CiU, que no opone a la norma ni a su aplicación sino, como insisten sus portavoces, a considerar que el parlamento no es el actor indicado de la solicitud de ilegalización. El parlamento hace las leyes, y el ejecutivo las aplica, dicen los nacionalistas catalanes, por lo que si el Gobierno decidiera bajo su responsabilidad instar a la Sala Especial del Tribunal Supremo la ilegalización de la coalición independentista, y recabara después el respaldo del Congreso, CiU no se lo regatearía. El voto de CiU suele considerarse de alta calidad democrática, por lo que su negativa a concederlo se interpreta como la retirada de un aval ciertamente valioso. No le faltarán, sin embargo, ocasiones al nacionalismo catalán para mostrarse favorable a que la ley de Partidos se le intente aplicar a Batasuna, aunque ni ayer, en la Diputación Permanente, quebrantó su anunciada abstención ni la quebrantará el lunes próximo, en el pleno extraordinario. CiU se limita a sostener que es el Gobierno el que debe incoar el proceso. Pero esa actitud abstencionista afectará negativamente a las relaciones del Partido Popular con CiU en el parlamento catalán, pues es tal la frustración que esa abstención nacionalista ha causado al Gobierno y a los populares, que difícilmente contará Pujol con apoyos en Cataluña del partido de José María Aznar. Lo importante, sin embargo, no son los efectos colaterales de una actitud política circunstancial sino el hecho de que en torno al noventa por ciento de los diputados se muestran a favor de que el parlamento inste al ejecutivo para que éste solicite ante el Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. Se va a luchar contra el terrorismo en todos los frentes, con la ley por delante. Llevando por delante la ley.