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León

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L final de la historia, lo difícil es ponerle el cascabel al gato. Tenía razón ayer el portavoz del Gobierno vasco, Ion Imaz, al pedir que nadie busque interpretaciones políticas al cierre de sedes de Batasuna en Navarra mientras aún no se había cerrado ninguna en el País Vasco. «Estamos hablando de una complejidad operativa notablemente superior en un lugar que en otro por razones que a nadie se le escapan». Es evidente que un despliegue de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para clausurar sedes de Batasuna en Pamplona, Estella, Alsasua o Elizondo diluye más resistencias que cualquier esfuerzo de la Ertzainza en San Sebastián, Azpeitia o Zarauz para ejecutar el auto de Garzón. A pesar de «la complejidad operativa» que señala Imaz, el Gobierno vasco se reafirmaba en su disposición a ejecutar el auto. La consejería vasca de Interior mantuvo ayer comunicación permanente con la Audiencia Nacional, pidiendo aclaraciones sobre el modo de cumplir el auto de Garzón, por lo que éste se vio precisado a dictar un nuevo auto ordenando a los juzgados de instrucción de Euskadi que un secretario judicial acompañase a la Ertzainza en las labores policiales de clausura de las sedes y locales de Batasuna. Había en este segundo auto de Garzón cierta urgencia, como un apremio a los jueces y a la policía autónoma para que la concentración de dirigentes y militantes batasunos en las sedes que deban ser clausurados no disuadiera del cumplimiento de la orden judicial. Las dificultades de ejecutar policialmente en el País Vasco el auto de Garzón, por «la complejidad operativa» del asunto, está poniendo a prueba la rectitud política del nacionalismo democrático en el Gobierno de Vitoria, al que el poder judicial le entrega la patata caliente de un auto por el que en la práctica desaparece Batasuna, y le obliga a ejecutarlo. La firme decisión del lehendakari Ibarretxe de cumplir toda ley que emane del Parlamento español, la de Partidos incluida, y el auto dictado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Garzón, instala al PNV en un plano político de alta respetabilidad. Al PNV le pueden seguir criticando el Gobierno del PP y el PSOE por defender en Euskadi sobre el problema del terrorismo actitudes y opiniones diferentes y, a veces, irritantes para quienes no viven en permanente inflamación nacionalista. Pero la prueba de su solvencia democrática va a ser el cumplimiento de una decisión judicial de la que ostensiblemente discrepa. Si la consejería vasca de Interior lograra ejecutar eficazmente el auto de Garzón, para lo que necesitará su tiempo, al PNV no debería volver nadie a instalarle en el lazareto de los políticamente apestados, donde lleva confinado por el PP desde hace más de dos años.

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